VUELVEN LOS FANTASMAS

De los creadores de "Es inminente la intervención del gobierno al Grupo Clarín" ahora llega la secuela: "El fantasma del avance contra las grandes empresas".

La opereta anterior fue analizada en éste post; que invitamos a releer a la luz de lo que dicen hoy los medios, empezando por la tapa con títulos catástrofe de El Cronista; y siguiendo por esta columna de Adrián Verdura en la tribuna de doctrina; que frutean, y mal.

Empezando por señalar que ni la Ley 26.831 (que regula los mercados de capitales) ni el Decreto 1023 de Cristina que la reglamenta; dicen que el famoso artículo 20 se aplique exclusivamente a las empresas donde el Estado tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES: en realidad, es para cualquier empresa que realice oferta pública de sus acciones.

Como tampoco es cierto que lo que actúe la Comisión Nacional de Valores en su aplicación, esté exento del control judicial; o pueda hacer lo que se le cante.

Dice Verdura: "Hasta noviembre pasado, el Gobierno, si quería nombrar un veedor en el directorio de una empresa o si, directamente, quería remover al directorio, debía pedírselo al juez comercial y tener un motivo para tomar esa decisión drástica. " 

Tanscribimos el artículo 20 de la Ley 26.831, en su parte pertinente: "la Comisión Nacional de Valores puede:

a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial. Cuando, como resultado de los relevamientos efectuados, fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad del perjuicio que determine, podrá:

I) Designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la comisión;

II) Separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas; "

Lo que Cristina dictó hace unos días es el Decreto 1023, reglamentario de la ley; y que sobre el artículo 20 (en lo que acá importa) dice: "Cuando la COMISION NACIONAL DE VALORES como resultado de un dictamen sustentado en relevamientos efectuados en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 20, iniciados de oficio o mediante denuncia de accionistas minoritarios y/o tenedores de valores negociables sujetos a oferta pública, determinase que fueron vulnerados los derechos de los mismos, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad o separar a los órganos de administración de la misma.

A los efectos de formular la denuncia contemplada en el párrafo anterior, los interesados deberán acreditar la calidad de accionistas y/o tenedores de valores negociables que representen al menos el DOS POR CIENTO (2%) del capital social o del monto en circulación del valor negociable y un daño actual y cierto o encontrarse ante un riesgo futuro grave que dañe sus derechos.

Para el ejercicio de las facultades contempladas en los apartados I - Designación de Veedores con Facultad de Veto y II - Separación de los órganos de Administración de la Entidad, ambos del inciso a) del Artículo 20, la COMISION NACIONAL DE VALORES deberá dictar el acto administrativo que disponga la medida, el cual deberá establecer las facultades, funciones, instrucciones y límites de la encomienda, incluyendo las establecidas en los incisos b) a f) del Artículo 20, individualizando a la persona o personas que cumplirán la función, y el plazo de la misma.

El acto administrativo que disponga las medidas del párrafo anterior deberá estar debidamente fundado, expresar su motivación e indicar expresamente la normativa infringida o que estuviere en peligro cierto e inminente de serlo, y contar obligatoriamente con previo dictamen del servicio jurídico permanente y del área contable del organismo y, de ser necesario, con la intervención de otras áreas técnicas pertinentes de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

La designación de veedores tendrá como finalidad el control, la observancia y fiscalización del órgano de administración de la entidad. La función del veedor es indelegable y deberá cumplir sus cometidos en forma personal. En ningún caso podrán ejercer facultades de administración o coadministración. El ejercicio del derecho a veto del veedor deberá enmarcarse en lo dispuesto en el acto administrativo que lo designó.

La designación de veedor recaerá en funcionarios de la COMISION NACIONAL DE VALORES o en un tercero. En ambos casos deberán acreditar conocimientos comprobables atendiendo a la naturaleza de las actividades involucradas, y experiencia en materia societaria y en el mercado de capitales.

Las disposiciones de los veedores con facultad de veto del apartado I, inciso a) del Artículo 20 serán recurribles en única instancia ante el Presidente de la COMISION NACIONAL DE VALORES. El recurso deberá interponerse por escrito, fundado, en el plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación del acto impugnado.

Para todos aquellos casos en los que la COMISION NACIONAL DE VALORES considere estar frente a un peligro de extrema gravedad para los derechos de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores, ésta podrá separar a los órganos de administración de la entidad, por un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días con el fin de regularizar las deficiencias encontradas.

 La designación del administrador o coadministrador recaerá en funcionarios de la COMISION NACIONAL DE VALORES o en un tercero. La función del administrador o coadministrador es indelegable y deberá cumplir sus cometidos en forma personal. Los administradores o coadministradores deberán acreditar conocimientos comprobables atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrán, así como experiencia societaria en el mercado de capitales.

 El ejercicio de sus facultades y funciones deberá enmarcarse en lo dispuesto en el acto administrativo que dispone su actuación.

 El acto administrativo que disponga la separación de los Organos de Administración de la Entidad previsto en el apartado II, inciso a) del Artículo 20 será recurrible en única instancia ante el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. El recurso deberá interponerse por escrito, fundado, en el plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación del acto impugnado."

De la lectura del decreto de Cristina no surge que sea más amplio o discrecional que la ley, sino más restrictivo: la designación de veedores o la separación transitoria de los órganos de administración de una sociedad que cotiza en bolsa por la CNV debe disponerse por acto administrativo expreso, motivado, con dictámenes obligatorios previos y consignando la causa; y las designaciones de veedores o interventores debe recaer en gente con experiencia en los mercados de capitales.

Y como todo acto administrativo, recurrible en sede judicial. Lo dice la propia Ley 26.831 en su artículo 143: Recursos directos. Corresponde a las Cámaras Federales de Apelaciones:

a) Entender en la revisión de las sanciones que imponga la Comisión Nacional de Valores, incluso las declaraciones de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos y la suspensión o revocación de inscripciones o autorizaciones;

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente para entender en estos litigios la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; pudiendo los litigantes del resto del país optar por que sus causas sean remitidas y resueltas por ésta."

Porque no se puede omitir que la Comisión Nacional de Valores es un organismo administrativo, (concretamente un ente autárquico según el artículo 6 de la Ley 26.831); y como tal regido por la Ley 19549 de procedimientos administrativos (LPA); que establece en su artículo 23 que todos los actos administrativos son impugnables en sede judicial.

De hecho el mismo artículo artículo 6 de la ley de regulación de los mercados de capitales dice: La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales concordantes. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que entenderá en los recursos de alzada que se interpongan contra sus decisiones, sin perjuicio de las acciones y recursos judiciales regulados en esta ley."

Decíamos antes que el decreto de Cristina establece las exigencias para que la CNV actúe en erl marco del “polémico” artículo 20 de la ley, y le impone dictar un acto administrativo al efecto (con todos los requisitos que prescribe el artículo 7 de la Ley 19549), porque la Administración Pública no puede actuar por las vías de hecho.

El propio artículo 9 de la LPA así lo dice: “La Administración se abstendrá:

a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales;

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.”

A TRAVÉS DE ADRIÁN VERDURA, LORENZETTI HACE LA GRAN NAZARENO

En La Nación de hoy, Adrián Verdura, uno de los voceros oficiosos de Lorenzetti (el otro es Joaquín Morales Solá) dice: "La Corte sabe, sin embargo, que el segundo semestre sí será complicado. Por la proximidad de las elecciones y por las causas que tramita. Tal vez el expediente más conocido sea el caso del Grupo Clarín, donde se discute si la ley de medios es inconstitucional. Esta causa no avanzará durante un tiempo porque, por un lado, la procuradora Alejandra Gils Carbó tiene que elaborar su dictamen y, además, porque el Gobierno no tiene claro si le conviene arriesgarse a una definición antes de los comicios.

Hay otros casos que le dan a la Corte un peso político relevante: los reclamos de varias provincias (Córdoba, Santa Fe, San Luis) para que el Estado nacional les recorte menos dinero de los impuestos coparticipables; miles de reclamos de jubilados contra la Anses y otras causas de fuerte impacto fiscal. Esos casos y su prestigio son su activo y su poder de fuego." (las negritas son nuestras)

Mirá vos: resulta que la Corte atesora las causas que tiene a fallo como un activo político, que hará jugar en el momento oportuno, cuando lo crea conveniente.

O sea que la justicia no sería el mundo maravilloso que nos cuentan (a punto tal que no hay que hacer allí ninguna reforma), y los supremos no serían seres seráficos, desprendidos de toda pasión o interés, que no sea el noble de administrar justicia.

Por delicadeza (o por vergüenza) Verdura no enumera entra las causas "de fuerte impacto fiscal" a la que llegó desde la justicia de Neuquén por las restricciones para comprar dólares, pero para sus destinatarios (es decir, el gobierno) el mensaje no pudo ser más claro: ojo con meterse con nosotros, que te tumbamos el "cepo" cambiario, o te mandamos a pagar el 82 % móvil, y sonaste.

Mucho se ha discutido en estos meses de conflicto del gobierno con la Corte, enfrentando al kirchnerismo con su propio legado; al decir que Cristina trata de destruir uno de los mayores logros de Néstor, que fue conformar una Corte independiente. 

Nosotros hemos dicho muchas veces acá que esa independencia de la Corte había que ponerla al menos en duda, cuando de lo que se trataba era de avanzar sobre los intereses del poder económico, o de la propia corporación judicial.

Y también dijimos acá que nos permitíamos aventurar que -si Néstor viviera- haría lo mismo que está haciendo Cristina; porque la renovación de la Corte que ejecutó se inició a partir de un intento público de extorsión por parte de Nazareno, justamente con causas "de fuerte impacto fiscal" que el tribunal tenía que resolver, como las del "corralito", la pesificación y los reajustes de haberes de los jubilados.

Recordarán todos que Kirchner rechazó el intento de extorsión de Nazareno por cadena nacional, y puso en marcha el proceso de remoción de la mayoría automática del menemismo en la Corte.

Lo que está haciendo Lorenzetti a través de sus voceros oficios (como Verdura) no se diferencia en nada de aquél apriete de Nazareno; lo cual no implica que estemos planteando que Cristina le inicie juicio político, sino simplemente advirtiendo como juega políticamente la Corte (en especial su presidente) en éste año electoral; y los fierros de que dispone para dañar al gobierno.

O quizás estemos en presencia de una oferta pública de canje, por la cual la Corte plancharía las causas "de fuerte impacto fiscal", a cambio de fallar otras (por ejemplo las del predio de la Rural, o la de la ley de medios) en contra de los deseos del gobierno.

Ni más ni menos que un intento (bastante mafioso por cierto) de convalidar otra reculada ante los poderes económicos; mientras hace fulbito para la tribuna con fallos sobre los pueblos originarios, o la contaminación del Riachuelo.

ADRIÁN VERDURA, Y EL NOMBRE OCULTO DE LAS COSAS

Leemos en la tribuna de doctrina a Adrián Verdura, en otro capítulo de su escalada para sembrar el terror respecto al alcance de las reformas a la justicia propuestas por el gobierno; en éste caso en lo que tiene que ver con el proyecto de regulación de las medidas cautelares.

En sus intervenciones en TN, los fantasmas eran: se van a morir los jubilados esperando cobrar, aumentará el boleto del colectivo un mil por ciento, el gobierno podrá quedarse con su departamento o su caja de seguridad, y cosas por el estilo.

Pero ahora va a los bifes, y se detiene en lo que le importa, a él y a sus auspiciantes.

Omitiendo que cada vez que se consideró a una actividad de interés público, se lo hizo por ley con el correspondiente debate en el Congreso: así pasó por ejemplo con Papel Prensa, y con la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos; cuando se expropió el 51 % de las acciones de YPF.

Como también omite que muchas actividades que podrían considerarse de interés público (lo que supone que estén reguladas por el Estado) lo son porque no se pueden desarrollar sin una previa intervención del Estado autorizándolas aunque no sean en sentido estricto un servicio público; como por ejemplo los taxis o las farmacias. Ni hablar los bancos y entidades financieras; y los medios de comunicación.

Y otras que perfectamente podrían considerarse de interés público (y por ende, sujetas a necesaria regulación estatal), lo son porque antes estaban en manos del Estado, y fueron traspasadas al sector privado durante el festival de privatizaciones de la década menemista; como por ejemplo la fabricación de acero que estaba a cargo de SOMISA.

De modo que tras los dolientes reclamos por jubilados, ahorristas y pasajeros del bondi que se verían supuestamente afectados por el proyecto sobre las cautelares, lo que le preocupa a Verdura es por ejemplo que el Estado (pidiendo una cautelar) pueda impedir que Siderar desmantele un horno de laminación esencial para producir acero en el país, o la Comisión Nacional de Valores impida que una asamblea de accionistas de Papel Prensa vuelva a fijarles honorarios siderales a los directores, o impedirle a los accionistas minoritarios (como el mismo Estado) designar síndicos en la comisión fiscalizadora. 

De paso, es oportuno recordarle a Verdura que la actividad de las bolsas y mercados de valores ahora está regulada por una ley del Congreso; a la que desde estos mismos medios se opusieron, con similares argumentos. 

De cualquier modo, como Verdura no le pone nombre a sus preocupaciones, lo hacemos nosotros siguiendo  el orden de los rubros mencionados en el parrafito destacado con el recuadro azul: Papel Prensa, La Serenísima, Quickfood, Grupo Clarín y Tenaris-Siderar (del Grupo Techint).

Como decía la presentación de "Tiempo Nuevo", "estas empresas, a las que les interesa (quedarse con) el país...". 

AHORA DICEN QUE LA CULPA DE LAS INUNDACIONES LA TENDRÍA MORENO

Leemos a Adrián Verdura en una publinota PRO en la tribuna de doctrina: "La ciudad se inundó porque los arroyos Medrano y Vega no pudieron absorber el enorme caudal de agua que había caído durante una tormenta de la que hay pocos precedentes. Enseguida, los kirchneristas recordaron que Macri estaba en Brasil.

Sin embargo, lo anecdótico no debe hacer olvidar un hecho: hace cuatro años, el 15 de mayo de 2009, el gobierno de la ciudad firmó un acta de preadjudicación de la construcción del arroyo Medrano con una UTE extranjera (Andrade Gutiérrez-Vialco SA), pero ese contrato no se pudo ejecutar porque el gobierno nacional no dio los avales que reclamaba el Banco Mundial. Macri no podía judicializar el pedido y sólo le quedó esperar que el Príncipe cambiara de idea.

Hace una semana, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, finalmente sí firmó el aval, pero entonces ya era tarde y del cielo se desmoronaba una tormenta de la que no se registran antecedentes. Ahora hay que licitar de nuevo, contratar con otra empresa y, con suerte, rogar durante dos o tres años que no tengamos un clima intemperante. Con un agravante: en el Banco Mundial hay tantos países enojados con la actitud de la Argentina de no pagar los fallos del Ciadi que, a estas alturas, Macri no sabe si firmarán la concesión del crédito.".

Ay Verdura, Argentina no reconoce los fallos del CIADI desde antes incluso que Macri pidiera el crédito; porque sostiene (con apoyo en el mismo convenio del CIADI) que los que reclaman su cumplimiento, deben hacerlo ante los tribunales argentinos.

Pero me querés decir ¿qué catzo tiene que ver Moreno con autorizar o no la toma de créditos en el exterior con organismos multilaterales?

¿No basta con que reproduzcan todas las excusas del inútil de Macri para tapar su ineficacia, y que lo puteen a Moreno por lo que verdaderamente hace?

¿Es necesario también que le agreguen una que no hace? 

TE CAMBIO LA LEY DE MEDIOS POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Al menos esa parecería ser la operación que desde ésta columna de Adrián Verdura en La Nación de hoy, estaría planteándole Lorenzetti al gobierno.

Porque es sugestivo que el único tema que no tiene nada que ver con el funcionamiento del Poder Judicial (al fin y al cabo, lo único que se discute cuando se habla de "democratizar la justicia"), que se plantea expresamente; en versión del columnista de TN, y por ende empleado de Magnetto; claro está.

Fue justo en medio del culebrón judicial de la ley de medios, que Lorenzetti fogoneó el año pasado el impresentable comunicado corporativo de jueces y camaristas, que se autoatribuyeron la representatividad del conjunto del Poder Judicial; lo que provocó no pocas críticas en los propios tribunales, y la convocatoria alternativa que se realizará mañana en la Biblioteca Nacional.

Y si bien hasta ahora el únicio proyecto que tuvo estado público fue el de un grupo de diputados del FPV para que los jueces paguen Ganancias (los demás son conjeturas, incluso el hecho de que Cristina diga algo al respecto al abrir la sesiones del Congreso el viernes), todos los temas que están en danza preocupan a la coporación judicial (o al menos a parte de ella), porque la ponen en el ojo de la tormenta y bajo la lupa de la gente común,

Y prefieren la oscuridad, tanto como no pagar impuestos; que es lo que más les duele.

Por eso operan, lanzando un acto por el aniversario de la instalación de la Corte (por Mitre, el fundador de la tribuna de doctrina), donde estaba un antepasado del juez De Las Carreras (llamado igual y todo), el del viaje all inclusive a Miami, a cargo de Magnetto. 

Como para que se vea en público que lo de la "familia judicial" es una tradición añosa, que los jueces no están dispuestos a dejar de lado tan fácilmente; por ideas brumosas como "democratizar la justicia".

Y hablando de De Las Carreras, el mismo que decidió (junto con los demás camaristas) que se va a tomar todo el tiempo que haga falta, para fallar en la causa de la ley de medios.    

Así que a lo mejor Lorenzetti (vía Verdura) está queriendo mandar algún mensaje (como acostumbran en la justicia, con un lenguaje que hay que decodificar); vinculando una cosa (la causa de la ley de medios) con la otra (los anuncios de democratización de la justicia, el pago de Ganancias por los jueces). 

ADRIÁN VERDURA, EL FAVALORO DE TRIBUNALES

Vuelve con todo el cirujano mayor de los pasillos tribunalicios, el hombre de las múltiples y calificadísimas fuentes reservadísimas con acceso directo a información privilegiada.

Tan reservadas, que no existen, pero eso no es un problema para Adrián Verdura, el Favaloro de tribunales: si hay que operar, se opera; y si no hay instrumentistas (o fuentes), no le hace asco.

Resulta que ahora nos quiere convencer que el único que opera sobre la Corte es el gobierno, y Clarín se queda lo más pancho, esperando tranqui "el veredicto de la justicia".

Pero mientras tanto le pone presión a Lorenzetti, resaltando que sería el encargado de patear el penal decisivio.

Y nos hace saber así como al pasar que es público y notorio que hay jueces de la Corte (¿cuáles?) que estarían en el bolsillo de Spolzky y Vila-Manzano; cosa de ir preparando la desacreditación de su voto, eventualmente a favor de la aplicación plena de la ley de medios: ¿estará preparando el terreno para que Clarín vaya a la CIDH?

Es muy probable (se diria seguro) que la Corte rechace el per saltum del gobierno, con el argumento de que la sentencia del juez Alfonso no lo perjudica, sino que lo beneficia (a propósito Verdura: la ley no prohíbe nada al respecto, es de sentido común que se apela un fallo, cuando te perjudica); aunque tampoco es cierto -como dice Verdura- que lo favorezca en un 100 %: de hecho, Alfonso rechazó el plante del gobierno de que Clarín no tiene legitimación activa para demandar la inconstitucionalidad de la ley, porque el hólding como tal no está debidamente constituido y son sus empresas las titulares de las licencias que están en juego.

Pero en cambio el recurso extraordinario común que deberá tratar la Corte contra la resolución de la Cámara que prorrogó la cautelar -al parecer- preocupa al Grupo, y Verdura nos los hace saber: porque de esa medida depende toda su estrategia para resistir la aplicación de la ley de medios.

Leyendo el artículo-operación de Verdura, queda claro que Clarín sabe que a la corta o a la larga, en el fondo de la cuestión lleva las de perder (el planteo de la retroactividad es lisa y llanamente absurdo, con ese concepto, jamás podría dictarse ley antimonopólica alguna); y por eso tiene que apostar a mantener la cautelar, a como dé lugar, embarrando de antemano la credibilidad de la Corte. los que no estén comprados por los medios paraoficiales, si votan a favor de la ley, es porque fueron presionados por el gobierno.

Lo curioso es que -por ejemplo, Verdura_ el Grupo Vila-Manzano se beneficia con la perduración de la cautelar de Clarín, porque mientras esté vigente la AFSCA no avanzará con los planes de adecuación para obligar a los demás grupos de medios a desinvertir, con lo cual no se entiende para que presionaría a los jueces de la Corte para que fallen rápido.

Como también es curioso que mencione las supuestas demoras al expediente por parte del gobierno, cuando Clarín y sus abogados estuvieron 10 meses para hacer algo tan sencillo como notificarle al Estado nacional que lo demandaban.

Y si la Corte está teniendo que resolver en un clima incómodo (¿será mejor el de Miami, tal vez?) es por sus propias ambigüedades en las dos oportunidades (septiembre del 2010 y mayo del 2012) en que le tocó intervenir en la causa, para ponerle el cascabel al gato, tratando de zafar.

Ambigüedades que le costaron que la Cámara se les cagara de risa en su última resolución (la que prorrogó la cautelar a favor de Clarín), volviendo atrás sobre al menos tres puntos que los supremos dejaron en claro en mayo, a saber: el plazo del 161 ya se cumplió (la Cámara acaba de decir que no comenzó a correr para Clarín), no está vulnerada la libertad de expresión (la Cámara dijo que sí, y con ese "humo de buen derecho" prorrogó la cautelar) y la cuestión quedó estrictamente reducida a un reclamo de índole patrimonial; donde si se vulneran intereses, se puede indemnizar a posteriori (la Cámara dijo que las lesiones én ese plano serían irreparables, por eso prorrogó el paragüitas cautelar).

Ese abierto desarfío a lo que la propia Corte dijo en su momento, los pone a los supremos en la disyuntiva de tener que apartarse de su propia doctrina sobre el recurso extraordinario (que señala que no procede cuando no se trata de sentencias definitivas), para poner las cosas en su lugar, dejando sin efecto la cautelar.

Porque de lo contrario se daría el absurdo de que una de las partes (el Estado), teniendo a su favor el único fallo que trata el fondo (el de Alfonso), que dice que las normas cuestionadas son constitucionales (recordemos que Clarín intentó una acción declarativa de certeza), no podría aplicarlo, por una cautelar que perdura hasta que haya fallo "definitivo" (el de Alfonso en su esfera lo es, no es lo mismo que "firme"), cuando ese fallo ya destruyó el "humo de buen derecho" invocado para otorgar la cautelar.

Claro que la Corte se tomará sus tiempos (sobre todo para ver como evoluciona el panorama político) y Verdura lo sabe: lo que trata de hacer con su brulote es que esos tiempos sean lo más largos posibles.       

Cosa que a algunos supremos (como Lorenzetti) les conviene, porque para ellos la independencia pasa por sentarse a vivir arriba de los expedientes que queman (como ésta causa), hasta que el clima mejore.

ORDENAR UNA REDACCIÓN CAÓTICA

Ayer Ventura decía que la Corte no le dio ni cinco de bola a Clarín, porque le había pedido que extendiera la cautelar que se vence el 7 de diciembre; el día que el Grupo decía que no iba a pasar nada.

Pero que no le dio bola porque la cautelar no interesa (aunque es lo que hace tres años impide que se le aplique la ley al Grupo Clarín), y lo importante es que se dicte una sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Y dijo también Venturita que es imposible que ese fallo de fondo (sobre la validez o constitucionalidad de la ley) llegue antes del 7D; y hay dudas incluso de que antes de esa fecha, la Cámara Federal Civil y Comercial (ahora integrada con dos jueces del fuero Contencioso Administrativo en su Sala I), puede resolver sobre el pedido de Clarín de ampliar la vigencia de la cautelar.

O sea que (según Ventura) el famoso 7D llegará sin que haya ni una cosa (sentencia de fondo), ni la otra (prórroga de la cautelar), y ahí se le quemaron los papeles al columnista de TN: "las tensiones y presiones crecerán"; pero la conclusión es clara: si no hay fallo ni cautelar, el 161 está vigente para Clarín.

Hoy Joaco dice todo lo contrario:

Según Joaco, el gobierno se movió para que el 7D no hubiera ninguna decisión (ni sentencia de fondo, ni prórroga de la cautelar), para poder manejarse a piacere con su propia interpretación de lo que pasaría a partir de ese día.

Y la resolución de la Corte es una mala noticia para el gobierno, porque (según él) los jueces a partir de la orden del tribunal no van a poder dejar pasar el 7D sin que haya una sentencia clara: todo lo contrario de lo que dice Ventura; que sostiene que es imposible que para entonces haya una decisión.

Y lo más raro de todo, es que la interpretación del gobierno sobre el 7D (sosteniendo que a partir de ahí el 161 rige para Clarín, con todos sus efectos), es bastante parecida a la de Clarín, que por eso intentó un "per saltum" ante la Corte, para que prorrogara la cautelar.

Será por la denuncia de Wortman Jofré y las reculadas de Clarín diciendo que no denunció a los periodistas que denunció, será porque ahora se enteran de los fallos de la Corte cuando salen y no antes (busquen si no la columna de Ventura donde anticipó lo que la Corte diría, a ver si la encuentran), será lo que será, pero los muchachos están un poco desorientados, parece. 

VOLVAMOS A LAS FUENTES

Ponéle, que se yo Venturita. una (una solita, no pedimos más) fuente comprobable, verificable para el lector; que le dé un viso de credibilidad a toda la columna.

Que no está planteada como de opinión tuya, sino de información, y de información calificada: presumís nada menos que de conocer las opiniones íntimas de los ministros de la Corte, incluso antes que ellos mismos se las comuniquen unos a otros.

Como si fueses una especie de juez de la Corte en las sombras. 

Raro, porque por ejemplo cuando salió el fallo por la cautelar de Clarín, no estabas enterado antes, o por lo menos no anticipaste como iba a fallar la Corte en ese caso.

Va de onda el consejo, porque por ahí algún mal pensado va a pensar que, en lugar de hacer periodismo, estás operando para tus patrones de TN.

¡A GUARDAR LAS ESCRITURAS!

 

¡A ver los jueces y fiscales: marche una ley antiterrorista para el tarado éste!

INSÓLITO: EL GOBIERNO PRETENDERÍA QUE LOS JUECES CUMPLAN CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

 

¿Pero quieren decir hasta dónde nos va a llevar la prepotencia de éste gobierno montonero, eh?

¿Qué pretenden ahora, que los jueces se rebajen a la simple categoría de ciudadanos comunes y cumplan con el artículo 16 de la Constitución, que dice que todos sus habitantes son iguales antes la ley, y la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas?

Insólito; hasta pretenden que la Corte Suprema (¡nada menos!) derogue la acordada que dictó en el 96' la Corte menemista diciendo que se cagaban en la Ley 24.631 sancionada por el Congreso (¿a quién les ganaron los diputados y senadores?, ni que los eligiera la gente), para pagar Impuesto a las Ganancias.

Habráse visto.

Ahora lo que no se entiende de ésta columna de Venturita es que en el copete ponga "La Casa Rosada prepara medidas", cuando la misma nota dice que -en el caso de Ganancias- basta con que la Corte deje sin efecto la acordada del 96', para que los jueces paguen el impuesto.

Y lo de los topes jubilatorios, otra barbaridad viejo: ¿cómo van a querer evitar que un juez jubilado cobre 95 luquitas por mes?

¡Confiscación, quieren someter a los jueces a la miseria para doblegarlos!

Y eso que Ventura se olvidó del caso de Fayt (que se va a jubilar con el 382 % móvil si sigue vegetando en la Corte), que hizo declarar inconstitucional a la Constitución, para seguir aferrado al sillón hasta que lo saquen con los pies para adelante.

Eso sí: después dictan fallos como "Badaro", y dicen que el Estado tiene que cumplir rigurosamente las leyes, sobre todo cuando se trata del ajuste de las jubilaciones.

Ni que hablar cuando se trata de las de ellos.

Parece que en el caso de Ganancias la ley no es tan ley, porque iría en contra de la Constitución.

Y en el caso de Fayt, la Constitución no es tan Constitución, porque iría en contra de uno de los valores supremos de la república (si no el más importante): el bolsillo de los jueces. 

Porque de eso modo -nos dice Ventura, que lo convirtió de  nuevo a Piumatto en oficialista, mientras a la vez lo defiende a Rafecas- "algunos creen que el Poder Ejecutivo puede afectarles su nivel de vida".

Y sí, los derechos humanos ante todo, sobre todo tratándose de gente que puede caer bajo la línea de pobreza.

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 Esta empresa, que hasta hace un tiempo decía que no le interesaba quedarse en el país:

Auspicia a Adrián Ventura, el editorialista fantasma del diario La Nación y lobbista en temas judiciales que se ventilan ante la Corte Suprema de Justicia:

...pidiendo que no le apliquen las multas por la ley de abastecimiento, acá.

Es al pedo explicar que miente, que la Ley de Abastecimiento fue declarada vigente y constitucional por la misma justicia en innumerables oportunidades, o que el Decreto 2284/91 que cita fue un DNU, y entonces eso a Ventura (y a Shell) no les molestaba porque impuso la desregulación y les dejaba hacer lo que se les cante.

Lo importante acá es el título: "Hegemonía política y autoritarismo", un verdadero peligro.

Para los balances de Shell, y para la cuenta bancaria de Ventura, y la de avisos de La Nación.

¿Una forma de burlar el pago de Ganancias por los ingresos por avisos publicitarios?

LA LEY DE MEDIOS EXPLICADA PARA NIÑOS

 

Se acaban de cumplir dos años de la ley de medios. El Gobierno dice que la comunicación, ahora, es "más democrática", (ya arrancamos con las comillas, Majul está haciendo escuela) aunque Oscar Nemirovsci, titular del sistema público de TV Digital, advirtió que "la batalla no terminó".(¿cuál sería la contradicción entre una y otra cosa, o nunca hubo que batallar para que algo sea más democrático?, hacénos acordar que te regalemos algún libro de historia) Lo cierto, sin embargo, es que en la actualidad hay muchos más medios oficialistas que antes y hay mucho menos pluralismo.(si hay más medios oficialistas que antes, es porque antes no había o había menos, con lo cual es al revés, habría más pluralismo: medios oficialistas, medios opositores y medios nabos, como vos)

¿Está sugiriendo Nemirovsci que, después del 23 de octubre, se viene la embestida final (uhhh, que miedo, ¿por qué justo acá desaparecieron las comillas¿) contra Cablevisión, Papel Prensa,(que no tiene un soto que ver con la ley de medios, pero bueno, aprovechaste la bolada y lo metés)  el Grupo Clarín u otros empresarios como Daniel Hadad (que hasta hace un mes era catalogado como “empresario k”), en cuyo Grupo Infobae podría desembarcar Cristóbal López? (¿cómo, con infantería de marina, o poniéndole la tutuca sobre la mesa a Hadad, que vive comprando y vendiendo medios cada vez que le conviene¿) ¿Cuántos otros empresarios K están haciendo compras agresivas de radios y canales, para sumarlos al mundillo kirchnerista (eso, ¿cuántos, eh?, digo, que se yo, para saber si estamos en presencia de una “embestida”, o simplemente de negocios) y aprovechar negocios con la publicidad que fluye a manos abiertas? (pero a vos no te llega y por eso estás enojado, algún dato o cifra verificable no vendrían mal, eh, sobre todo comparándola con la pauta privada) ¿No se volvió el Instituto de Cine (Incaa) una usina de propaganda del Gobierno? (eso, ¿se volvió o no, todavía está allá, es una pregunta, una duda, una afirmación, una certeza?) Los actores están enamorados de un régimen que, curiosamente, cercena la libertad de creación. (¿por qué “curiosamente”?, si antes dijiste que hay menos pluralismo, lo lógico es que se cercene la libertad de creación; pasa que curiosamente ese régimen fija porcentajes mínimos de producción local y regional en la tele, cuota de pantalla y derechos de antena para el cine nacional en la misma ley de medios que vos criticás, y eso les da trabajo a los actores,  y además les reconoció el derecho de intérprete, pero bueno: según vos lo lógico sería que los tipos aplaudan a los que compran programadas enlatados en el extranjero, un poco raro. Te tiramos un dato: el mundo real sería un poco más complejo que como se lo ve desde la redacción de La Nación )

Hay otro dato revelador: ningún periodista ni medio oficialistas -incluyendo a Página 12 y Tiempo Argentino - hicieron alguna denuncia contra funcionario alguno. (revelador el dato... de que no tenés datos: ¿ni uno, ni siquiera Jaime, o los del caso Skanska, donde además por ejemplo Tiempo Argentino no existía todavía?) Vivimos en un mundo perfecto. (no, Clarín todavía no devolvió las licencias, TN no desapareció y vos seguís escribiendo, o sea que la “embestida” viene fracasando, pero los k lo seguirán intentando seguramente)

El Gobierno, para acorralar a los medios críticos, nunca escatimó esfuerzos.(y los medios críticos para acorralar gobiernos tampoco, la doctrina Magneto le dicen) Algunos ataques fueron frontales. Por ejemplo, las críticas que hacía el ex presidente Néstor Kirchner (o sea que una crítica es lo mismo que un ataque, bien, entonces siguiendo esa lógica podemos concluir en que todos los medios “libres e independientes” atacan al gobierno a diario) a algunos diarios (poné nombres: Clarín y La Nación) o los carteles y globos que despliega el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra esas publicaciones.(¡tremendo!, no te vayan a colgar un cartel o un globo porque sos boleta)

En esa misma línea desembozada se inscribe, tal vez, (¿se inscribe o no se inscribe?) la acusación contra la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de haberse apropiado de Marcela y de Felipe: a pesar de que, hace tres meses, (después de doce años de demora, por las chicanas de los abogados de la viejita) se realizaron exámenes genéticos que demostraron, en forma concluyente, que aquellos jóvenes no son hijos de desaparecidos, ni la jueza Sandra Arroyo Salgado ni quien la reemplazó en su licencia, el juez Juan Manual Yalj -el mismo que encarceló sin fundamento al gremialista Rubén Sobrero- (pero la causa esa vino después de la de los hijos de Ernestina, y ésta le tocó cuando la otra juezase fue de licencia, o sea de puro ojete en los dos casos) aceptaron realizar la última batería de cotejos.(si los exámenes fueran concluyentes como vos decís, no habría que hacer ninguna “última batería de cotejos”, pasa que después de treinta años de barrer la mugre bajo la alfombra chorearon data de las computadoras del BNDG y ahora están apurados por cerrar el caso porque saben como termina. Por no mencionar que Ernestina “recibió” los pibes cuando no tenía ni radios, ni canales de televisión –te recuerdo que la nota es sobre la ley de medios- ni Papel Prensa, pero tenía Clarín para asegurarse ) El Gobierno no acepta el fracaso.(eso lo aprendió de Escribano, que fracasó en el 2003 con el ultimátum a Kirchner, y de Magneto, que sigue bombardeando a Cristina con tapas fulminantes, después del 14 de agosto)

Pero, más allá de esos ataques obvios, (¿por qué “obvios” si un párrafo más arriba pusiste “tal vez”?) el Gobierno aprendió a desplegar una estrategia más sofisticada: con un mecanismo de pinzas, logró achicar el espacio en el que se mueven los medios independientes, (¿cómo hizo, si hace dos años no puede lograr que se aplique la cláusula de desinversión del artículo 161 de la ley, y ninguno se desprendió de ninguna radio o canal por ese motivo?) mientras que fortaleció el sistema de medios públicos (¿qué debería haber hecho, privatizarlos, desmantelarlos?) y privados paraoficiales (formado por canales y radios comprados por empresarios amigos del poder o subyugados por la publicidad).(¿qué, Majul compró medios y no nos enteramos?)  Billetera mata libertad.(es verdad: se llama capitalismo, ¿o vos cobrás por hacer de lobbista de tus patrones y seguís siendo libre?, ¿sólo la pauta oficial corrompe?, ¿cuándo Magneto pone la mosca y compra un canal o diario sigue siendo libre?) 

El Gobierno no se conforma con haber denunciado a Papel Prensa ante la Justicia sin fundamento alguno (y no, pretende que la justicia haga algo con las denuncias, pero viste como son los K: insaciables, ¿quién dice que no tienen fundamento las denuncias, vos o algún juez?)  también impulsa un proyecto de ley para obligar a los propietarios privados (Clarín y LA NACION) a desprenderse de la empresa. (¿cuál, el que dice que la producción de papel para diario es de interés público y debe ser regulada?, de paso, un rumor que nos llegó: la empresa les habría sido dada a los diarios hace años...por el gobierno, y junto a ellos hay otro socio...que sería el gobierno, manejálo) Se olvida que en la Argentina hay, desde hace décadas, 17 periódicos nacionales y otros cientos de locales.(todos los cuales tienen que comprar el papel de Papel Prensa, al precio y con las cuotas que se le canten a Clarín y La Nación, y muchos por esa razón desaparecieron, o fueron comprados por Clarín, pero a esta altura cabe preguntarse, ¿qué catzo tiene que ver todo esto con la ley de medios que refiere a radio y televisión?)

Continúan existiendo los mismos 5 canales de TV abierta de siempre (en manos de tus patrones el 13, y a todos se los dio el menemismo, que vos extrañás) y hay más de 12.000 radios legales y truchas: (¿de dónde sacaste esa cifra, podés indicar alguna fuente o informe?, ¿eso involucra a los que son de Clarín y De Narváez pero ellos los niegan?)  pero, ahora, el discurso oficialista se expandió al ritmo de distribución de la pauta que entrega Télam (la pauta no la entrega Télam, sino la Secretaría de Medios, pero bueno, ponéle) o de las presiones del Afsca (ex Comfer). (¿en qué consisten, en aplicar las sanciones que contempla la ley?) Y si bien se adjudicaron en forma directa, sin licitación, algunas licencias de TV digital, (no seas burro, no son licencias ni se hace concurso: se adjudican frecuencias porque está en etapa experimental, y cualquiera que las pida las puede obtener, pasa que Clarín no lo hace porque prefería la norma norteamericana y el gobierno adoptó la japonesa, pero ¿en que quedamos además, está mal que haya sólo cinco canales, o está mal que se abran nuevas frecuencias de la TV digital?) los beneficiarios son los escribas del discurso único. (ya te explicamos que Clarín no la tiene porque no quiere)

Volvamos a la ley de medios: (eso: en todo el final del párrafo anterior te habías ido, suerte que lo reconozcas) Gabriel Mariotto, titular de Afsca -que en diciembre podría ser reemplazado por Moreno o por Damian Loretti, que continuarán con la misma política-(es lo que haría cualquier gobierno que aplicó una política determinada, y sacó más del 50 % en las elecciones posteriores) dijo que hay que poner fin a las medidas cautelares que suspendieron el artículo 161, que obliga a los grupos a vender sus canales y radios.(claro, de ese modo se lograría algo tremendamente dictatorial: que una ley votada por el Congreso hace dos años se cumpla, igual para todos, como manda la Constitución) ¿Tendrá fuerza o valor la Justicia para ponerle un límite a las pretensiones hegemónicas del Gobierno?.(¿y si considera que el gobierno tiene razón, igual tiene que fallar a favor de Clarín?, ¿todo un editorial a favor de la libertad de expresión para ir al carozo del asunto: defender como sea las 293 licencias de radio y televisión del Grupo?, ¿ya Lorenzetti no te da más exclusivas de lo que va a fallar la Corte que lo estás apretando en público desde el diario?)