GORILISMO ESTADÍSTICO

 

Para los aficionados a las estadísticas informo que el peronismo una vez más se empecina en ser la fuerza política que más acuerdos firmó con el FMI. En la misma línea, es la fuerza política que, vaya uno a saber por qué fobia obsesiva, considera a los jubilados sus enemigos.

— rogelio alaniz (@ralanizok) November 10, 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en 1944, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods. La Argentina durante los gobiernos del primer peronismo nunca formó parte del organismo, y solo pasó a ser miembro de él por el Decreto Ley 15.970 del 31 de agosto de 1956, firmado por el dictador Aramburu, presidente de facto de la Revolución Fusiladora.

El primer acuerdo de un gobierno argentino con el FMI fue firmado en 1958, durante el gobierno de Frondizi y el último en de 2018, por el gobierno de Macri y siendo Dujovne el ministro de Economía. Por ese acuerdo le otorgaron a la Argentina (en realidad para la frustrada reelección de Macri) 57.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del Fondo a un solo país. 

El acuerdo anterior a ése era de enero del 2003, durante la presidencia provisional de Duhalde y siendo ministro de Economía Lavagna; lo que significa que el kirchnerismo no firmó ningún acuerdo con el FMI en doce años y medio de gobierno, y en enero del 2006 y con aprobación del Congreso, Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda que a ese momento tenía el país con el Fondo.

Según consta acá en la página del Banco Central, entre 1958 y 2003 el país firmó 26 acuerdos con el FMI, de los cuáles 9 se firmaron en gobiernos peronistas: 3 en el gobierno de Isabel (muerto Perón) entre 1975 y 1976, y 6 en el gobierno de Menem (el peronismo que les gustaba a los antiperonistas) entre 1989 y 1998. Las dictaduras militares (que derrocaron a gobiernos peronistas en 1955 y 1976, y a gobiernos elegidos con proscripción del peronismo en 1962 y 1966) firmaron otros 7, y los gobiernos radicales 10: 4 Frondizi, 5 Alfonsín y uno De La Rúa. 

En realidad firmaron 11, contando el firmado por Macri en el 2018, dado que la UCR integraba el gobierno: con ese acuerdo el tanteador quedó 18/9, siendo 9 los acuerdos firmados durante gobiernos peronistas, o que por lo menos llegaron al poder en nombre del PJ. (*)

 

En 1944, el nivel de la cobertura previsional alcanzaba el 7% de los trabajadores activos. En solo tres años y durante el primer peronismo, se pasó en 1947 a que el 45% de los trabajadores estaban afiliados a una Caja Nacional de Previsión. En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de los trabajadores, con la creación de las cajas de empleados de comercio (1944), trabajadores de la industria (1946), trabajadores rurales e independientes, profesionales y empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico (1955). Este proceso implicó que el derecho a la previsión social dejara de ser un beneficio exclusivo de los estratos ocupacionales más privilegiados y se extendiera a amplias franjas de la clase trabajadora. A partir de este momento, el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo de la pertenencia del trabajador al mercado de trabajo formal. 

Hacia 1954, con la sanción de la Ley 14370, se produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen cuando se asumió la lógica de reparto como principio estructurante. Ello implicó que la redistribución de ingresos prime como criterio de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás la lógica de capitalización individual. De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los trabajadores activos debían sostener a aquellos que se retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o a las familias de los trabajadores fallecidos

En el año 1994 (cuando gobernaba, reiteramos, el peronismo que les gusta a los antiperonistas) se aprueba el sistema de capitalización o jubilación privada a través de  las AFJP mediante la Ley 24241. A partir de 1993 se redujeron las alícuotas de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, con el supuesto objetivo de incentivar la contratación de personal. Entre 1993 y 2000, dichas cargas se redujeron cerca del 50%, pasando del 33% sobre los salarios nominales al 17,8%, tendencia que se vio agudizada con la sanción de Ley 25250 de Reforma Laboral en mayo de 2000 (gobierno de De La Rúa, "ley Banelco"), la que preveía para el caso de los nuevos puestos de trabajo una reducción adicional, según las características del trabajador, de entre 33% y 50%.

Con el Decreto 1495/01 dictado por De La Rúa, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo. El porcentaje de beneficiarios del sistema de seguridad social disminuyó: mientras en 1992 representaban el 84,4% de los hombres y el 73,9% de las mujeres de 65 años y más, en 2004 este número había descendido a 71,0% y 62,1%, respectivamente. 

Con el kirchnerismo en el gobierno desde mayo del 2003, a través de la Ley 25994 de Jubilación Anticipada y el Decreto N° 1454/05 de Jubilación de “Amas de Casa” se incorporan 1.500.000 personas al sistema jubilatorio. En el 2008 durante el primer gobierno de Cristina se sanciona la Ley 26417 de Movilidad Jubilatoria, y poco después por la Ley 26425 se recuperaron los activos en poder de las AFJP a través de la eliminación del régimen de capitalización. En ambos casos la oposición que con el tiempo formaría "Cambiemos" (la UCR, el PRO y la Coalición Cívica) votó en contra, y Elisa Carrió se "encadenó" al obelisco en defensa de las AFJP 

En septiembre de 2014 se sanciona la ley 26970, la cual permite regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al 2003, con un plan de pagos de sesenta cuotas para los autónomos y los monotributistas que ya tienen la edad para acceder a la jubilación, permitiendo que otros 600.000 personas (un 87 % mujeres) accedieran a la jubilación. Por la Ley 27181 se "blindaron" los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para evitar que se malvendieran, exigiendo para ello una aprobación del Congreso con los dos tercios de los votos de los miembros presentes.

En 2016 la Ley 27260 ("blanqueo de capitales") derogó esa norma, y aprobó la "reparación histórica" para pagarles a menos del 8 % de los jubilados los índices fijados a su antojo por la Corte Suprema en las causas "Badaro" y Eliff". En diciembre del 2017 y en medio de un impresionante operativo de represión policial, se reemplazó la fórmula de ajuste de los haberes aprobada en 2008, por otra con la que los aumentos resultaron menores. Todos estos hechos son públicos, notorios, conocidos, constan en publicaciones periodísticas y bases de datos públicas accesibles para todos, están los registros en los diarios de época. Cualquier puede consultarlos y corroborarlos antes de opinar. 

O puede hablar al pedo sin ningún fundamento que no sea el puro prejuicio antiperonista, pero con aires de autoridad. Ojo: con eso le alcanza y sobra para haber dado durante años clases de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Litoral, y escribir notas del tema en el diario "El Litoral", Clarín y La Nación. Esos lugares donde cualquier burro que rebuzne gorileadas tiene cabida, digamos.  

(*) La infografía con el tamaño de las deudas contraídas con el FMI por los distintos gobiernos esta sacada de ésta nota de La Nación 

SEGUROS DE RETIRO

El Gobierno celebra un fallo judicial por la estatización de la exAFJP Orígenes https://t.co/RTN5DotGpy pic.twitter.com/vd5qdgIRlV

— LA NACION (@LANACION) September 6, 2019

Leíamos ayer en La Nación que en el gobierno "celebran" un fallo de la justicia federal en lo contencioso administrativo, rechazando un planteo de los controlantes actuales de la ex AFJP "Orígenes", pretendiendo ser indemnizados por la liquidación del sistema de jubilación privada con la sanción de la Ley 26.425, en el primer gobierno de Cristina y a instancias de Amado Boudou, entonces a cargo de la ANSES.

El fallo dice que el agua moja, en términos sencillos: recuerda que nadie tiene derecho al mantenimiento indefinido de un determinado régimen jurídico, porque de lo contrario el Estado renuncia a su potestad de legislar como mejor le parezca, con tal de que respete la Constitución. 

Decimos que el fallo es todo menos novedoso, porque no hace sino recoger la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, que la propia Corte reiteró en el caso de la disolución del sistema de jubilación privada en un fallo dictado ya en 2013: ver más detalles acá. De modo que en los tribunales del país, la suerte de este tipo de presentaciones no era dudosa. 

Sin embargo la nota da cuenta de que los mismos inversores que iniciaron el juicio acá, entablaron una demanda ante el tribunal del CIADI que depende del Banco Mundial, invocando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'; y ahí la cosa puede cambiar.

En efecto, allí se trata de un antro que de jurídico tiene poco, y en la cual la tendencia uniforme es a favorecer los reclamos de los capitales privados, frente a la defensa de los Estados de sus legítimas atribuciones soberanas: hace poco contábamos en ésta entrada el caso del litigio en puerta ante el mismo tribunal arbitral por parte de la yanqui Met Life; en un caso que compromete gravemente al gobierno de Macri (que ahora "festeja" el fallo de la justicia federal) en un doble sentido.

Por un lado porque puso nada menos que al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)de ANSES a el ex encargado de las operaciones de Met Life en el país cuando la empresa yanqui vino a operar bajo el régimen de las AFJP; y por el otro porque cuando fueron a pedir asistencia financiera al FMI, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger pusieron por escrito en un documento oficial del Estado argentino que cuando se disolvió el sistema por la citada Ley 26.425, lo que se produjo fue una "incautación de activos", que además no eran de las administradoras, sino de los aportantes.

Todo indica que el caso de la ex Orígenes repite el modus operandi de AUSOL, la concesionaria de los peajes del Acceso Norte a la Capital Federal; que por intermedio de su controlante la española Abertis introdujo una demanda en el CIADI contra el país en los últimos días del gobierno de Cristina, para generar las condiciones para que el gobierno de Macri renegociara las concesiones, con el otorgamiento de privilegios leoninos para los demandantes, que se trasladan como hipoteca para el futuro gobierno nacional.

Acá no puede pensarse que se esté intentando volver al régimen de las AFJP, aunque la idea estuvo planteada, de un modo u otro, en todos los documentos del acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. La idea es pedir cualquier cosa, para conseguir algo; como también hizo el fondo Burford Capital al comprarle a Eskenasy el juicio por la estatización de YPF en 2012, en una causa en trámite en la que aun se discute no solo el monto de la eventual indemnización litigio (artificialmente inflado por el Burford), sino en que tribunales debe ventilarse la causa: los del país o el del CIADI.

Y allí está el verdadero problema: no son las decisiones soberanas de política económica que pueda tomar el Estado argentino las que causan estos problemas; porque además sin dudas deberá tomar otras en el futuro, para desatar los nudos que deja el macrismo; sino que el problema radica en seguir aceptando la jurisdicción del CIADI, a la que el país se sometiera en 1994, mediante la Ley 24.353. 

Denunciarla fue una materia pendiente que dejó el kirchnerismo, y seguir en ese ámbito supone dejar una puerta abierta para este tipo de truchadas, porque ya que de AFJP hablamos, ese tribunal amañado funciona como una especie de "seguro de retiro" para los capitales que vienen a rapiñar al país, si se los permiten.

Bonus track: ¿La "alegría" del gobierno será por el fallo de primera instancia, o por el aporte de 4,5 millones de pesos que Orígenes hizo a la campaña electoral del oficialismo el 28 de agosto, o sea después de las PASO y antes del fallo, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral?:

DE ESTO NO LE VAN A ECHAR LA CULPA A BOUDOU. O A KICILLOF.

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Burgueño en Ambito de hoy, en la que da cuenta del posible inicio de otro juicio contra el país en el tribunal arbitral del CIADI; en este caso por la norteamericana Met Life, un gigante mundial en el negocio de los seguros que armó en el país su AFJP, y fue afectada por la disolución del sistema en el 2008, durante el primer mandato de Cristina. 

Alguno podrá preguntarse -y no sin razón- como es posible que estudien iniciar hoy, 11 años después, un juicio por algo decidido en el 2008, y la primer respuesta podría ser porque en el mundo de los TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) y el impresentable tribunal del CIADI todo es posible. Por eso es real (como apunta Burgueño en la nota) que el envión para decidirse se lo dio a Met Life el propio CIADI, con su reciente laudo sobre la estatización de Aerolíneas.

Sin embargo y aun así, este caso es particularmente bochornoso, por varios motivos, el primero de ellos es que no se conoce que cuando se aprobó la Ley 26.425 que disolvió las AFJP, la empresa yanqui haya iniciado algún reclamo ante los tribunales nacionales; y posiblemente no lo haya hecho porque en su momento (2013) la propia Corte Suprema de Justicia de la nación convalidó la constitucionalidad de la ley, y la transferencia de los activos de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión al Fondo de Garantía de la ANSES: ver más información al respecto acá.

Y lo peor de todo es que este juicio en particular no lo origina la decisión del gobierno de Cristina de terminar con el curro de las AFJP (como van a salir decir rápidamente si el juicio finalmente se inicia), sino la barbaridad cometida por el actual gobierno al decir explícitamente, con la firma de Sturzenegger y Dujovne, y nada menos que ante el FMI, en documentos oficiales, que los activos de las administradoras fueron "incautados".

Como si se los hubieran sacado por la fuerza, con tanques y soldados, y no por una ley del Congreso de la Nación, sancionada por amplias mayorías: ver al respecto más información acá. Eso, sin contar que en realidad los dueños de esos activos eran los aportantes al sistema de jubilación privada; por lo que el fondo del reclamo en sí mismo es más que dudoso. 

Dijimos entonces, justamente en esa entrada: "...parece que estuvieras preconstituyendo prueba para que algunos de los bancos que manejaban las AFJP (entre ellos, los que empleaban a varios miembros del actual gabinete y otros que lo dejaron) demande al Estado argentino en los tribunales internacionales, y si ya lo han hecho (como Met Life), ofrezcan como prueba el propio reconocimiento del demandado.".

Y por esa misma época, el diputado Rodolfo Tailhade denunciaba que Macri puso al frente del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSES, para administrar los activos que venían de las AFJP a Juan Martín Monge Varela; ex empleado suyo en SOCMA y -lo más importante- ejecutivo de Met Life entre 2000 y 2016, a cargo de las operaciones de la multinacional en Chile y Argentina.

O sea, el ejemplo número un millón de este gobierno de poner zorros a cuidar las gallinas, con los resultados previsibles. Para las gallinas.  

LO SOSPECHAMOS DESDE UN PRINCIPIO

Juan Martín Monge Varela, director ejecutivo del FGS desde el 6/1/17, es quien manejó para Macri la fuga de capitales de Correo Argentino a partir de 1998, a través del fondo de inversión Galicia Advent Socma. Luego, entre 2000 y 2016, fue director de la multinacional MetLife pic.twitter.com/9YcKPxCwWY

— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) 22 de junio de 2018

Hoy nos enteramos, vía @aleberco, que el gobierno está construyendo la derrota en aquella demanda, para que MetLife cobre miles de millones de dólares, liquidar el FGS y permitir el retorno de las AFJP. Para eso pusieron a un hombre de MetLife al frente de los fondos de la ANSES pic.twitter.com/x3cV4PKtnt

— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) 22 de junio de 2018

Más información, acá. 

NO PODÉS

Podés haber estado en desacuerdo con la estatización de los fondos de las AFJP y la eliminación de la jubilación privada, y haberla votado en contra.

Podés haber puesto como ministro de la Producción al CEO de una ex AFJP, y haber eliminado el "cepo" que Cristina había puesto por ley del Congreso para la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en empresas privadas.

Pero no podés estar vaciándolo hace 30 meses con negocios turbios y ruinosos, y prometer que lo vas a liquidar hasta el último centavo para pagar las jubilaciones, o la "reparación histórica" que se iba a pagar -en teoría- con los fondos del blanqueo de capitales.

No podés manejarlo con total oscuridad, y pasarte un semestre entero sin informar sobre sus operaciones, o involucrarlo en oscuros fideicomisos financieros con más oscuros aun fondos de inversión.

Podés haber modificado la ley que regula los mercados de capitales para sacar las disposiciones de la Ley 26.831 que les otorgaban derechos a los accionistas minoritarios (como es la ANSES en varias empresas, a través del FGS) para protegerlos de las maniobras de los mayoritarios en contra de sus derechos.

Pero no podés pactar hacer una "contabilidad creativa" para intentar ocultar que en dos años y medio disminuiste el valor del FGS en dólares un 30 %: de 66.000 millones de dólares en diciembre del 2015, a los 46.000 millones actuales. 

Y menos que menos, lo que no podés hacer es -como Estado argentino- poner por escrito y con la firma de dos funcionarios de máxima jerarquía (el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central) en un documento oficial dirigido al exterior (en éste caso, la carta de intención y el memorándum de entendimiento con el FMI, ver parte pertinente en la imagen de apertura) que al terminarse con las AFJP en el 2008 los activos del Fondo fueron "incautados".

Menos cuando la justicia de tu país (más precisamente su máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia) dijo hace ya más de cinco años que la Ley 26.425 que así lo dispuso, fue perfectamente constitucional.

Porque de lo contrario parece que estuvieras preconstituyendo prueba para que algunos de los bancos que manejaban las AFJP (entre ellos, los que empleaban a varios miembros del actual gabinete y otros que lo dejaron) demande al Estado argentino en los tribunales internacionales, y si ya lo han hecho (como Met Life), ofrezcan como prueba el propio reconocimiento del demandado.

No podés, a menos que estés del otro lado del mostrador, defendiendo intereses que no son los de los argentinos.

"LA ANSES NO DA PARA MÁS"

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Diario Bae, que da cuenta del impacto del pacto fiscal firmado a fines del año pasado entre la mayoría de los gobernadores y el gobierno nacional, por el cual se le quitaron recursos a la ANSES de la parte de la recaudación de los impuestos nacionales que estaba afectada a la seguridad social.

Como cuenta la nota, la afectación por el pacto de una parte de la recaudación del impuesto al cheque no compensa los recursos que le quitaron a la seguridad social de la parte que le correspondía de la recaudación de Ganancias; y al mismo tiempo entraba en vigencia la reforma tributaria, que establece un cronograma progresivo de baja de los aportes patronales de acá al 2022, según el monto de los salarios.

A su vez, la reforma laboral que el gobierno intenta aprobar en el Congreso también contempla la disminución de aportes bajo el eufemismo del "blanqueo" del empleo no registrado, e introduce formas de precarización laboral sin aportes a la seguridad social, disfrazadas como "prácticas formativas".

Corolario del pacto fiscal fue la reforma previsional que modificó la fórmula de ajuste de los haberes en perjuicio de los jubilados (tema que se ventila por estos días en la justicia), de la cual algunos gobernadores como Lifschitz intentaron despegarse como si estuviera desconectada del pacto fiscal que firmaron.

Y hablando de Lifschitz y el socialismo: toda esta historia comenzó en los últimos día del gobierno de Cristina, con el fallo de la Corte que favoreción a Santa Fe, San Luis y Córdoba para que les dejaran de descontar el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES para financiar el sistema nacional de seguridad social.

Un fallo opinable en lo jurídico, pero absolutamente perjudicial desde el financiamiento de la seguridad social; producido por los mismos cortesanos que en su momento dictaron los fallos "Badaro" I y II y "Eliff", fijando ocurrentes índices de ajuste de haberes que de haberse aplicado, hubieran quebrado el sistema hace muchos años.

También por estos días conocimos por un informe especial del programa de Navarro como las decisiones que vino tomando el gobierno en la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la brutal devaluación lo redujeron en más de un 13 % de sus activos, en apenas dos años y medio; comprometiendo así el respaldo del pago de las prestaciones.

Cuesta creer que todas estas medidas obedezcan a la casualidad, y no sean parte de una política deliberada tendiente a dinamitar los pilares de un sistema de seguridad social que tiene la tasa de inclusión más alta de América Latina, para preparar el terreno para la vuelta de alguna forma de jubilación privada o sistema de capitalización; que por un lado alivie aun más las cargas al capital (en la reforma laboral ya están planteando que deje de solventar las indemnizaciones por despidos) en desmedro de los trabajadores y jubilados actuales y futuros, y por el otro rehabilite un jugoso negocio para los bancos y fondos de inversión que son el principal sostén del gobierno, en todo sentido.

Y para coronarla, la vuelta de las AFJP o algo por el estilo está siempre en el manual de recetas del FMI para todo tiempo y lugar; recordatorio necesario en tiempos en los que el gobierno gestiona un nuevo "blindaje" del organismo.

QUIEREN VOLVER A SAQUEARNOS, SIN SER MOLESTADOS

Cuando los otros días analizábamos en esta entrada el contenido del “mega DNU desburocratizador) dictado por Macri, señalábamos como uno de los puntos importantes las modificaciones que introdujo en el Fondo de Garntía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, al permitirle participar en fideicomisos y todo tipo de negocios financieros sin restricciones; lo que supone una puerta abierta para el retorno de algunas de las prácticas habituales cuando funcionaba el sistema de las AFJP.

Al respecto, leemosa Burgueño en Ambito Financiero: “Si bien los privados aplauden la medida, muchos son prudentes. Por un lado esperan a conocer la "letra chica" de la reglamentación. Algunos estiman que la norma debería haber tenido una cláusula clave en el DNU. Es la que debería prohibir que se repita la experiencia de 2008, cuando a través de la estatización de las AFJP, el kirchnerismo tomó acciones de empresas privadas que estaban en poder de las administradoras de pensión y las incorporó al FGS. En un primer momento se prometió que estas acciones serían ofrecidas a los accionistas privados para su recompra o eventualmente, lanzadas al mercado para aumentar los ingresos de la ANSES. Finalmente nada de esto sucedió y en los últimos años del kirchnerismo los directorios de las empresas que terminaron con acciones en poder del estado se plagaron de representantes políticos del anterior Gobierno, una experiencia que los privados no quieren volver a experimentar. Legalmente no hay garantías de que esto no suceda con la nueva norma ya que al ser un DNU una ley podría darla de baja y eventualmente repetirse la experiencia de la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo. ” (las negritas son nuestras)

O el autor de la nota miente, o es muy burro: cuando en el el 2008 la Ley 26.425 liquidó el sistema de jubilación privada pasaron a propiedad del Estado (en rigor, de la ANSES como administradora del FGS) numerosos activos que administraban las AFJP, por inversiones que hicieron de los aportes de los trabajadores, mientras duró el sistema; entre ellos participaciones accionarias en un conjunto de empresas de diversos sectores de la economía.

El kirchnerismo no “estatizó” nada entonces, ni después: asumió a través del Fondo de Garantía esas participaciones accionarias, y luego no la incrementó (por ejemplo comprando más acciones de cada empresa), ni la disminuyó vendiendo acciones. Tampoco “prometió” nada, como dice Burgueño, sino que la recompra de las acciones por parte de los privados fue el deseo permanente de ellos nunca consentido por los gobiernos de Cristina; siendo particulamente enfáticos e insistentes al respecto Héctor Magneto (el FGS posee el 9 % de las acciones del Grupo Clarín) y Paolo Rocca, el CEO de Techint (el fondo tiene el 26,03 % de las acciones de su “nave insignia” Tenaris-Siderar).

Lo que sí hizo el kirchnerismo fue dictar en el año 2011 el DNU 441 (luego ratificado en el 2014 por la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento de la Ley 26.122), por el cual derogaba el inciso k) del artículo 76 de la Ley 24.241 (que regulaba las inversiones de las AFJP, y luego del Fondo de Garantía de ANSES); que establecía un límite o tope al ejercicio de los derechos políticos del Estado accionista en esas empresas privadas: sin importar que porcentaje del capital social tuviera en acciones, solo podía actuar como si tuviera un máximo del 5 %, lo que le impedía -en casi todos los casos- designar directores, por ejemplo. 

El caso más conocido fue justamente el de Tenaris-Siderar, en el que el Grupo Techint amenazó con ir a la justicia a tumbar el DNU de Cristina, pero luego cedió, y terminó aceptando la presencia de dos directores del Estado (uno de ellos Axel Kicillof) en el directorio; y de ese modo por ejemplo pudo tener ingerencia en las decisiones de la empresa y forzar una reinversión de utilidades en la construcción de un tren de laminado que incrementar la producción de acero, decisión que Techint (accionista mayoritario) venía postergando año tras año, prefiriendo distribuir los dividendos entre los accionistas.

Un ejemplo del uso virtuoso e inteligente de las participaciones accionarias del Estado en esas empresas privadas, para promover el desarrollo del país en sectores estratégicos de la economía; que es justamente lo que le molesta a nuestra burguesía rentista, parasitaria y fugadora. Más información al respecto, en ésta entrada.

La nota de Ambito da cuenta de que en primera fila de los anotados para obtener préstamos del FGS a una tasa sensiblemente menor a la del mercado estarían las principales empresas exportadoras del país, seguramente para prefinanciar sus ventas al exterior: justo los grandes ganadores del modelo macrista, que les eliminó las retenciones o se las redujo en el caso de la soja, devaluó la moneda, eliminó toda restricción a las exportaciones fundada en la necesidad de garantizar adecuadamente el abastecimiento del mercado interno; y finalmente les permitió dejar indefinidamente fuera del país los dólares u otra divisas que obtienen de las exportaciones, sin liquidarlos en el mercado de cambio local: algo más que un seguro de cambio garantizado por el Estado, o un subsidio a la devaluación.

Ni hablemos de que en el grupo de empresas involucradas en las participaciones accionarias del FGS se encuentran el Grupo Clarín (que no ha parado de recibir obsequios del gobierno de Macri en estos dos años) y las energéticas, donde tallan fuerte los amigos/parientes/testaferros del presidente como Mindlin, Caputo y Lewis.

Si hay empresas que no necesitan del financiamiento barato garantizado por el Estado son justamente esas, que además no corren peligro alguno de una súbita “chavización” del macrismo, traducida en que -por ejemplo- el Fondo de ANSES capitalice sus acreencias por los préstamos aumentando sus participaciones accionarias en las empresas que los reciban, hasta llegar a controlarlas.

Bien sabe Burgueño (aunque se haga el boludo) que estamos frente al gobierno que además a través del artículo 35 de la Ley 27.260 del blanqueo de capitales derogó la Ley 27.181; sancionada en 2015 durante el gobierno de Cristina para restringir la venta de las participaciones accionarias del Fondo de ANSES en empresas privadas, al exigir una autorización especial del Congreso, con mayorías agravadas. De modo que si el gobierno de Macri tiene alguna idea respecto a esas acciones es venderlas, y no comprar más; de hecho ya lo hizo, con las acciones que el Fondo de ANSES  tenía en Petrobras Argentinas vendidas a Pampa Energía de Marcelo Mindlin, y con las acciones de Solvay Indupa, cedidas a la brasileña Unipar-Carbocloro.

En los años 90’ las AFJP llegaron a adquirir participaciones accionarias en un conjunto de empresas que optaron (como el Grupo Clarín) por emitir obligaciones negociables (ON) captando recursos de los aportes de los trabajadores para ampliar su capital, pero con la certeza de que el “inciso k” diseñado por Cavallo les aseguraba que estos serían “el socio bobo”: pondrían capital, pero no tendrían ninguna injerencia en el manejo de las empresas. Empresas que -no casualmente- también emitieron por esos años deuda en dólares, que luego de la crisis del 2001 terminó pesificada, con la diferencia de cambios a cargo del Estado; es decir de todos nosotros.

Hoy con  rentabilidades aseguradas en muchos casos por las decisiones de ese mismo Estado (hoy manejado por los dueños del país), quieren volver a echar mano a los recursos originados en los aportes de los trabajadores y acrecentados de forma significativa durante el kirchnerismo (el FGS es parte de “la pesada herencia”) para financiarse a menor costo, frente al alto nivel de tasas que existe en la economía para alimentar el negocio de la bicicleta financiera, del que ellos mismos participan.

Es decir agitan fantasmas que no existen ni existirán mientras no cambie el gobierno en la Argentina, para poder seguir haciendo lo de siempre: saquear al país, impunemente. 

BOUDOU, PRESO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE JUBILADOS Y ENTORPECER LOS NEGOCIOS DE LOS BANCOS Y CLARÍN

POR DECRETO TAMPOCO PUEDEN

Ayer veíamos acá como al avance del gobierno para desprenderse de las acciones que la ANSES tiene en empresas privadas se lo intentaba justificar en el pago de los juicios a los jubilados; y como la Ley 27.181 impulsada en su momento por Cristina le puso un "cepo" a eventuales "reprivatizaciones" al exigir que la movida sea autorizada por el Congreso, con una mayoría calificada.

Ahora leemos en El Cronista y en El Ciudadano que el gobierno estudia la vía para sortear al Congreso, y “proveerse de liquidez” mediante un decreto, con el argumento que por esa vía fue creado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo cual es una verdad a medias.

Difieren en que uno habla de apelar al decreto para vender las acciones de la ANSES en empresas, y el otro de echar mano para eso a las disponibilidades colocadas a plazo fijo en los bancos, y a los bonos del Estado (títulos públicos) disponibles en la cartera del Fondo.

Es cierto que el Fondo fue creado por Néstor Kirchner por el Decreto 897/07 para administrar los activos que ingresaban a la ANSES; a partir del régimen de opción que estableció la Ley 26.222 para los que, estando en el régimen de capitalización, quisieran volver al sistema de reparto.

Pero más cierto aun es que un año después se sancionó la Ley 26.425 que liquidó el régimen de las AFJP, y que en su artículo 8 regula como invertir los recursos del fondo, y dio lugar al Decreto 2103/08 que modificó al decreto de Kirchner, sobre el uso de ellos.

La cuestión, sin embargo, va más allá del tema formal de la ley o el decreto, porque ambos coinciden en un punto: no contemplan (ni contemplaron nunca) que se puedan usar los recursos del Fondo para que la ANSES pague sentencias judiciales, menos todavía juicios pendientes de resolución.

En efecto, el artículo 1 del decreto establece en sus distintos incisos que esos recursos pueden ser usados para “Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales, constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos, contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales, procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el circulo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo”

Por su lado el artículo 11 del decreto dice que el Fondo “...podrá financiar a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para el pago de los beneficios del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), siempre que durante la ejecución de su presupuesto se presentaren situaciones de contingencia que así lo requieran. La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) determinará las situaciones en las que se aplicará este mecanismo.”; pero en esos casos la ANSES “...deberá informar a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS si el déficit proyectado o real es transitorio y subsanable o si por el contrario, se origina en cuestiones estructurales que requieran de modificaciones en el régimen vigente.”, según manda el artículo 12 del decreto.

La Ley 26.425 transfirió a la ANSES todos los activos de las AFJP, y dispuso en su artículo 8 que los recursos del Fondo se invirtieran “...de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social...”. Así surgieron iniciativas como el Procrear, por ejemplo.

De lo expuesto surge claro que además del “cepo” a la privatización de acciones de la ANSES en empresas privadas que establece la Ley 27.181, el gobierno no puede disponer por decreto de los recursos del FGS para pagar sentencias o juicios en trámite; porque además el mecanismo para eso está previsto en las leyes de presupuesto de cada año que vota el Congreso; y la del 2016 no es la excepción: lo establece en sus artículos 28 a 31, incluyendo los retiros del personal de las fuerzas armadas y de seguridad.

Pero consideraciones legales aparte, desprenderse de parte de los activos del fondo para pagar los juicios de la ANSES (sacándole además al sistema previsional buena parte de su respaldo para emergencias, conforme a lo indicado) no resuelve el reajuste de los haberes que habría que pagarles en lo sucesivo a los que ganaron esos juicios, todos los meses. Para eso se necesitan mayores recursos corrientes de la ANSES, que provienen de impuestos, aportes personales de los trabajadores y contribuciones patronales.

Por el contrario, el gobierno de Macri acaba de anunciar una ley “de primer empleo” que consiste básicamente en eliminar cargas patronales a la seguridad social, de modo tal que el reajuste de haberes a jubilaciones que están muy por encima de la mínima, e incluso del promedio de las que paga la ANSES sería financiado (vía impuestos) por toda la sociedad, incluyendo los jubilados que cobran la mínima; y están lejísimo de haberes como los que surgirían de aplicar los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte.

Retiro del Estado de la economía, reimplantación del paradigma puramente contributivo en la seguridad social por encima de la ampliación de la cobertura, debilitamiento de la financiación genuina del sistema previsional.

¿Son acaso pasos que se van dando hacia la vuelta del sistema de capitalización, que fue en su momento un gran negocio de los bancos, tan favorecidos por éste gobierno?

COSAS QUE EXPLICAMOS MAL: "LA PLATA DE LOS JUBILADOS"

La decisión de haber terminado con la oprobiosa estafa de las AFJP fue -sin dudas- una de las medidas estructurales más importantes tomadas durante los gobiernos kirchneristas, corrigiendo sobre la marcha el error de haber permitido apenas un año antes que la gente optar por permanecer en el sistema de capitalización, o pasarse al de reparto: apenas un 11 % optó por la segunda alternativa, cuando el Estado ya venía pagando el 40 % del monto de las escasas jubilaciones "privadas" otorgadas.

La estatización de los fondos de las AFJP nos permitió capear el temporal que se desató con la mega crisis financiera internacional de las hipotecas sub prime, el mismo año en que se sancionó la Ley 26.425 que la instrumentó: imaginemos lo que podrían haber hecho los bancos (que eran los que manejaban las administradoras de los fondos de pensión) con esos recursos, y con las expectativas de los futuros jubilados. 

Sin embargo, nunca se terminó de explicar bien como fueron evolucionando esos fondos a posteriori; a punto tal que en el imaginario colectivo son para muchos parte del "se afanaron todo" y "sakearon todas las kajas y las dejaron vacías", cuando la realidad es que los activos de las AFJP en manos del Estado se quintuplicaron, entre diciembre del 2008 y el mismo mes del 2015. ¿Habrían logrado lo mismo en manos de los bancos, en pleno terremoto financiero mundial?

Aun los títulos públicos (que siguieron siendo el activo principal de lo que sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad) mejoraron su rendimiento y valuación, por una simple y sencilla razón: los gobiernos de Cristina los fueron pagando puntualmente a su vencimiento, pese a los pronósticos agoreros de "los mercados", y los gurúes de la city porteña. 

Esa realidad -insistimos, no siempre bien explicada- contrastaba con el reclamo de que los fondos se usasen para pagarles más a los jubilados, sin contraponer su tamaño (que es importante) con el de un sistema previsional ampliado por las políticas del kirchnerismo (moratorias de inclusión + ley de movilidad); para poner las cosas en perspectiva.

En efecto, durante todo el trayecto 2008-2015, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad equivalió a un año o año y medio -como máximo- de jubilaciones y pensiones, y si se lo hubiera empleado en su totalidad para "pagar el 82 % móvil (uno de los planteos habituales) se agotaba en ese lapso. 

Eso, de poderse, porque otra cosa que tampoco explicamos todo lo claro que era necesario es la diferencia entre "stock" (los activos del FGS) y "flujo" (los recursos ordinarios de la ANSES con los que atiende sus obligaciones corrientes, como las jubilaciones y pensiones); a lo que hay que añadir que una parte menor del Fondo (los plazos fijos en bancos) es de disponibilidad inmediata. 

Pocas veces logramos superar el latiguillo de "la plata de los jubilados", que no es de los jubilados sino de los trabajadores (que son los que aportaron en su momento a las AFJP), para formar un fondo de reserva para pagar jubilaciones y pensiones, si no alcanzaran los recursos ordinarios de la ANSES. Todavía hoy hay quiénes creen que desde allí salen o salieron en algún momento los dineros para financiar el "Fútbol Para Todos", y no hay Cristo que los convenza de lo contrario.

Como tampoco machamos lo suficiente sobre la idea de que esos fondos (que algunos suponen guardados en una caja de zapatos, a la espera de "su" jubilación, como si aun estuvieran las AFJP) son más útiles inyectados en la economía real que "pagándoles a los jubilados el 82 % móvil"; lo que además como se dijo es técnicamente imposible.

Aunque la inyección de esos fondos en actividades productivas o generadoras de empleo (como el Procrear, por ejemplo) redunden en beneficio de los jubilados y pensionados (como muestra el gráfico de apertura); porque generan empleo registrado y mejores salarios, y por ende recursos genuinos a la seguridad social, para alimentar los componentes de la fórmula de movilidad, e ir mejorando progresivamente los haberes. 

Quizás ahora sea oportuno retomar el tema, cuando el nuevo director de la ANSES deja una puerta abierta para la vuelta del sistema de capitalización; y advierte que no invertirán los fondos del FGS en la economía real.  

POBRE MAURICIO, NO RESISTE UN ARCHIVO (PERO NO ES EL ÚNICO)

Sabido es por todos que Macri pegó el domingo una voltereta formidable sobre sus propios pasos, bancando políticas del kirchnerismo a las que se opuso frontalmente.

Y sabido es también que no fue un caso sino varios, y la oposición no fue en su momento meramente discursiva, sino efectiva: mandó a sus diputados (el PRO no tuvo senadores hasta hace poco) a votar en contra en el Congreso, lo anunció públicamente y se jactaba de eso.

La imagen de apertura corresponde a la votación de la Ley 26.741 (abril del 2012), por la que se expropió el 51 % de las acciones de YPF a Repsol, pasando a manos del Estado nacional.

Las dos que van abajo corresponden a la votación de la Ley 26.466 (diciembre del 2008), por la que el Estado retomaba el control de Aerolíneas Argentinas y Austral:

Hemos recuadrado en verde los votos de los diputados del PRO y sus aliados que conformaban un interbloque que respondía al comando de Macri, así como de actuales aliados suyos (como Pato Bullrich o Silvana Giúdici).

En rojo aparecen los votos negativos de representantes de otros partidos, dado que por ejemplo ahora Sanz les dice a los medios que le pregunten a Macri por qué sus legisladores votaron en contra de las medidas del gobierno que ahora dice apoyar, omitiendo que la UCR hizo exactamente lo mismo, salvo en el caso de YPF.

Además del caso de Aerolíneas (en el que se pudo corroborar eso: lo radicales estuvieron entre los que votaron en contra), las dos imágenes que siguen muestran lo que pasó con la votación de la ley 26.425 (diciembre de 2008), por la que se eliminaron las AFJP, y sus activos pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES.

Que son ni más ni menos que los recursos que posibilitaron hasta el 2011 (cuando el gasto fue absorbido por los recursos ordinarios de la ANSES) solventar el despliegue de la AUH que hoy Macri dice apoyar; y que en la actualidad financian el programa PROCREAR (dicho esto porque seguro que en breve Mauricio lo agrega a la lista de cosas que descubrió que banca):

Y dejamos para el final la Ley 26.417 (octubre del 2008) que fue la que estableció el mecanismo de movilidad de las jubilaciones y pensiones, fijando la fórmula con la que se aumentan cada seis meses.

La agregamos porque entonces la votaron en contra (el PRO y varios más), pero la fórmula es exactamente la misma que se utilizará de ahora en más para ajustar el valor de la AUH y las demás asignaciones familiares; de acuerdo con lo que dispone la Ley 27.160, que la votaron a favor:

Bienvenidos al kirchnerismo, más vale tarde que nunca, muchachos:

BUSCÁNDOLE LA VUELTA PARA PEDIR QUE VUELVAN LAS AFJP

Lo primero que se te ocurre cuando leés el título es "entonces vamos bárbaro, porque antes del kirchnerismo de cada cuatro adultos mayores que no cobraban jubilación, los cuatro seguramente vivían en la pobreza; es decir que las políticas del kirchnerismo sacaron de esa condición a tres".

Lo segundo es que estás ante una nota a favor de la moratoria jubilatoria que acaba de anunciar Cristina, porque apunta precisamente a eso: a que a diferencia de la anterior (el plan de inclusión previsional) esta vez accedan al beneficio los que, además de acreditar algunos años de aportes, verdaderamente lo necesiten.

Algo con lo que esta gente de IDESA (de los que nos vamos a ocupar en detalle más abajo) pareciera estar de acuerdo,  al menos a juzgar por lo que dicen en el diario del Loco Lindo : "Tanto antes como después de las moratorias aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores sin jubilación forman parte de los hogares más pobres. Esto confirma -como era previsible dado el rudimentario diseño de las moratorias- que sólo una parte minoritaria de las jubilaciones distribuidas favorecieron la inclusión social. La mayoría fue en beneficio de adultos mayores que ocupan los segmentos medios y altos en la distribución del ingreso.".

El famoso síndrome de la "jubilación del ama de casa" de la que fue a anotarse a la moratoria "para tener para mis gastos, viste"; y luego la putea a Cristina a más no poder, y protesta porque gana la mínima: un hecho folclórico, pero menor si se lo mira en la perspectiva de que -con esa misma moratoria- obtuvo el beneficio gente que verdaderamente lo necesitaba.

Ahora bien, un poquito más adelante a los de IDESA se les ven las costuras, porque luego de reclamar que para los sectores más humildes exista un sistema de prestaciones no contributivas (que ya existe, pero no se enteraron), se despachan con esto: "La consultora sostuvo que "en la experiencia internacional, se encuentran estrategias mucho más inteligentes" y mencionó como ejemplo a países como Uruguay que pone énfasis "en reducir la informalidad, perfeccionar el sistema previsional mixto, que combina reparto con capitalización, y para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad establecen prestaciones no contributivas focalizadas". 

"Otros países contemplan prestaciones no contributivas universales y en paralelo ofrecen alternativas para aumentar el haber a través de ahorros previsionales voluntarios", explicó. Según el análisis, "en lugar de seguir improvisando es fundamental reformar el sistema previsional"." (las negritas son nuestras)

Algo no muy distinto de lo que dijo hacer un tiempo Sergio Massa (ver acá), y que no debería soprender sea promovido por quienes en su momento trajeron al país el maravilloso invento de las AFJP: pueden ver acá en la página de IDESA que se trata de gente sponsorizada por la Fundación Mediterránea, y que ocupó cargos durante la gestión de Cavallo en el menemato en el área de la seguridad social. 

Algunos (como el tal Giordano) los siguen teniendo con De La Sota, destrozando la Caja de Jubilaciones de la provincia, para luego pedir que la nación les financie el déficit.   

Lo que no queda muy claro es como, para mejorar la situación de los jubilados de menores ingresos o de las personas que no pueden acreditar aportes para obtener un beneficio previsional, la solución sería volver a un sistema en el que los salarios más altos del mercado laboral puedan optar por un esquema de capitalización individual, en lugar de aportar sobre el total de sus ingresos al sistema solidario de reparto. 

Algo tan curioso como el hecho de que sean los propios perpetradores de las políticas que generaron en el país desempleo, informalidad y precarización laboral récord, propongan reformas al sistema de seguridad para profundizar los efectos que éstas provocaron, pero ya en la pasividad.

Por supuesto que se cuidan bien de decir quienes serían los que verdaderamente ganarían administrando esos "ahorros previsionales voluntarios" en un eventual sistema mixto; que no serían justamente los adultos mayores sin jubilación que viven en situación de pobreza, y que en apariencia tanto les preocupan.

EL HERMANO DE ALTAMIRA SIGUE FRUTEANDO, PERO EMPIEZA A RECULAR EN CHANCLETAS

La imagen de apertura corresponde a esta nota en Clarín de hoy del hermano de Altamira; sobre la "rebelión" de algunas provincias contra el descuento del 15 % de la masa coparticipable que se destina a la ANSES, nota en la que -para variar- frutea y mal, aunque está empezando a recular en algunos aspectos porque ve que pasan los meses, los años y lo que parecía taaan claro (que la Corte debía resolver favorablemente los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba) no es así, ni está cerca.

El fruteo de Bermúdez no es nuevo: ya hace unos meses asesorando a Lanata para su columna en Clarín de los sábados (ver acá) confundió los reclamos de algunas provincias por el descuento de parte de la coparticipación que va a la ANSES, con la presunta obligación de la Nación de financiarles el déficit de sus Cajas de Jubilaciones.

Los que son lectores habituales de Nestornautas lo sabrán, pero para el resto lo reiteramos por enésima vez: lo que la Corte tiene en sus manos para resolver desde el 2010 (en el caso de Santa Fe y también en el de San Luis) es el reclamo por el descuento de la coparticipación; por el déficit de la Caja de Jubilaciones Santa Fe jamás inició un reclamo judicial, y es dudoso que lo haya hecho en sede administrativa: al menos así era hasta julio del año pasado así lo reconoció el propio Fiscal de Estado de Bonfatti según pueden oírlo siguiendo este enlace a otro post.

Y la razón es muy sencilla, y la da a entender el propio Bermúdez: los convenios exigían que las provincias armonizaran sus sistemas previsionales con el de la Nación para que les financien el déficit, y no lo hicieron, por eso no reclaman judicialmente (y eventualmente tampoco en sede administrativa): porque saben que no cumplieron su parte del convenio.

El caso extremo es De La Sota, que realizó reformas jubilatorias en Córdoba que incrementaron geométricamente el déficit de su Caja de Jubilaciones, y pretendía que la Nación se lo solventara.En el caso de Santa Fe, en éste otro post explicamos en detalle la situación, que corre más o menos por el mismo carril.

Para más detalles, les dejamos acá el enlace al documento que en su momento elaboramos al respecto con los compañeros del Movimiento Evita; donde entre otras cuestiones se abordan ambos temas: afectación del 15 % de la coparticipación a la seguridad social, y financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones; y otro punto que se menciona en el artículo: la supuesta vinculación entre el déficit o superávit de la ANSES, la estatización de los fondos de las AFJP y los aportes de las provincias.

Bermúdez se manifiesta sorprendido porque al momento de sancionarse la Ley 26.425 que elininó a las AFJP, no se planteara la cuestión del 15 % de la masa coparticipable que va a la ANSES, y la razón es muy sencilla: porque no tiene nada que ver.

Ese 15 % comenzó a descontarse en 1992 por la Ley 24.130, porque el sistema previsional ya era deficitario, de lo contrario no se entiende como por ejemplo, Alfonsín había declarado en 1986 la emergencia previsional porque no podía pagar los juicios.

En todo caso la creación de las AFJP (como lo reconoce el propio Bermúdez) no hizo sino agravar ese déficit al sustraerle al sistema aportes; lo que se agravó aun más (también lo señala el hermano de Altamira) por la rebaja de aportes patronales que hizo Cavallo en 1993.

Y la liquidación de las AFJP le transfirió al Estado activos (stock), y lo que demanda el sistema previsional todos los meses para pagar las jubilaciones y pensiones son recursos líquidos (cash flow).

Además se hace forzoso recordar algo dicho muchas veces en éste blog (la última acá): el famoso 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES se compone de una parte que aportan las provincias (8,501 %), y de otra que aporta la Nación (el 6,499 % restante). 

Del mismo que hay que recordar también que si los reclamos provinciales prosperasen y esos fondos dejasen de ir a la ANSES no sólo ésta tendría déficit (ver la proyección en el documento conjunto que hicimos con el Evita), sino que los aumentos a los jubilados y pensionados nacionales serían menores, porque la fórmula de la ley de movilidad que fija los incrementos semestrales, contempla entre otros parámetros la parte de la recaudación afectada a la seguridad social (ver acá). 

Pero además hay un detalle no menor, que pasa por alto el propio Wermus: el actual sistema previsional nacional ampara a más de 5,7 millones de jubilados y pensionados, con una tasa de cobertura del 96 %; la más alta por lejos de América Latina; lo que obviamente demanda más recursos: hace poco veíamos acá que las jubilaciones, pensiones y retiros se llevarán el año que viene no menos del 38,3 % del Presupuesto nacional.

Y no se ven muchas alternativas para financiarlo, porque casi nadie plantea aumentar las contribuciones patronales (ni Binner, que como diputado votó para que se afecte el 15 % de la coparticipación a la ANSES, y como gobernador reclamó que se lo dejen de descontar); y lejos de eso, prometen cosas estrambóticas como el 82 % móvil (aclaremos de entrada: en Santa Fe cobra algo más o menos parecido, el 11,29 % de los jubilados provinciales, por una ley de Obeid, con la que el socialismo nada tuvo que ver), sin decir como lo financiarían.

Por no mencionar (en línea con las dudas que le empiezan a surgir al hermano de Altamira) que todo este asunto de los pactos fiscales y la coparticipación es una cuestión extremadamente compleja desde el punto de vista político, por exigencias del propio sistema constitucional (ver lo dicho acá), con lo cual habría que dejarse de sanatear al respecto por un buen tiempo.  

OTRA VEZ LAS SEÑALES

Leemos que la Corte hizo suyos los argumentos de la Procuradora General para rechazar el planteo de un particular por la inconstitucionalidad de la Ley 26.425, que terminó con el sistema de las AFJP.

Y dice textualmente en un párrafo del fallo que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentación o a la inmovilidad legislativa."

Lo cual ha sido dicho innumerables veces en la jurisprudencia de la propia Corte; y es una verdad de perogrullo: de lo contrario, el Estado jamás podría modificar las leyes, porque siempre habría alguien que las cuestione porque considera que le causan un perjuicio.

Verdad de perogrullo que se podría aplicar perfectamente a la ley de medios, cuya constitucionalidad se viene discutiendo hace cuatro años por Clarín, y verdad que la propia Corte omitió decir con todas las letras en esa causa, diltando siempre que pudo una definición contundente.

Sin embargo, hacemos notar que se expidió en este caso con tan claro argumento (que estaba presente desde el principio de la causa), a casi cinco años de sancionada la ley; y a instancias de un particular que había optado por la jubilación privada, no de una AFJP.

Lo que demuestra además que -como decíamos acá- era otro bolazo que se agitó en su momento por los medios aquél de que las AFJP demandarían al Estado, y eran todos juicios perdidos.

O visto de otro lado, que la Corte sigue fiel a no tener opiniones contundentes, cuando los que litigan son grupos económicos.

Sin embargo la Corte (como siempre en los últimos tiempos) hace un esfuerzo supremo por mantener el equilibrio y en la misma reunión donde falló a favor de la estatización de las AFJP, rechazó la presentación de la ANSES en la causa que promueve Córdoba por el presunto incumplimiento del convenio para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial; para que se apartara el juez Maqueda, ex ministro del gobierno cordobés y firmante de distintos decretos vinculados al objeto de la causa, en esa condición. 

O sea: a favor del gobierno en una causa en la que la contraparte (el sistema de jubilación privada) tiene pocos adeptos (al menos en público), y sería contradictorio con los planteos de la propia Corte de ajustar los haberes de un segmento de los jubilados del sistema de reparto; en contra en una causa (la de Córdoba) que tiene alto voltaje político actual, por el enfrentamiento de De La Sota con el gobierno de Cristina; pero sin ir al fondo del asunto, y permitiéndole al cordobés seguir contando con un amigo como Maqueda, cuando haya que resolver ese fondo.

Y mandando señales hacia la causa de la ley de medios, que está estancada en la Cámara viajera: a Clarín, señalándole que el Estado puede modificar las leyes cuando lo crea conveniente; y al Estado, que eso no implica que, si esos cambios causan perjuicios, no haya que indemnizarlos; siempre que el que los invoque, los pruebe.

O si se quiere, otra vez alertando a los abogados del Grupo que se dejen de boludear con la libertad de expresión, y afinen la puntería para demostrar que la ley de medios les causa perjuicios, y calcular de cuanto serían, en el caso que no les quede más remedio que aceptarla y desinvertir.