LA CIENCIA DE LOS NÚMEROS

Y aquí la evolución en pesos comparada con la corrección por IPI y con lo que debió ser si no se hubiese vetado la Ley 13742 (reglamentada recién en diciembre de 2018 ya que las dos cámaras rechazaron el veto). pic.twitter.com/DrnrceKO3h

— pablo bolcatto (@pablobolcatto) November 14, 2019

Hace varios meses discutíamos con compañeros sobre CyT en Santa Fe. Escribí esto de puño y letra. No tengo liquid paper en el codo. pic.twitter.com/ncTkSw726R

— pablo bolcatto (@pablobolcatto) November 18, 2019

Cuando trascendió el proyecto de ley de ministerios con el que Omar Perotti piensa armar su estructura de gobierno a partir del 11 de diciembre, una de las cosas que más se cuestionó en primera instancia fue la eliminación del hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que pasa a integrarse al Ministerio de la Producción.

Hasta cierto punto es comprensible la crítica, en tiempos en los que el macrismo descargó sobre el país políticas de ajuste a las que la ciencia y la investigación no fueron ajenas, sino que por el contrario fueron blancos privilegiados; y en uno de los tantos cambios del gabinete nacional, desapareció el ministerio que comandaba Baraño, junto con otras áreas críticas como los Ministerios de Salud y de Trabajo.

Sin embargo, es tan cierto que la jerarquía que se le asigna a una determinada área en la estructura del gobierno es indicativa de la importancia que se le otorga, como que ese no es el único criterio, o al menos no debería serlo, desde nuestra perspectiva. En el caso de la ciencia, la tecnología y la investigación, eso se puede comprobar justamente con el caso del gobierno de Macri: las podas brutales a los recursos asignados al área comenzaron cuando aun era Ministerio, y formaba parte del gabinete presidencial, incluso con el mismo titular que tuvo durante el gobierno de Cristina.

Vista las cosas desde esa perspectiva, se puede discutir con argumentos más concretos, como por ejemplo los que desarrolla Pablo Bolcatto (que sabe bastante más que nosotros del tema) en los tuits de apertura), demostrando que en la provincia la elevación del área a la jerarquía ministerial no derivó en que se le asignaran más recursos que cuando era Secretaría de Estado, sino menos.

Con ese enfoque, corresponde entonces analizar la evolución de los recursos que el socialismo le destinó a la ciencia y la tecnología no solo en el actual presupuesto, sino en el que Lifschitz mandó a la Legislatura para el año que viene, en su insólita pretensión de seguir gobernando aunque a partir del 11 de diciembre sea reemplazado en la Casa Gris por Perotti.

En primer lugar, los recursos humanos, es decir el personal con el cual se llevarían adelante los planes y programas de ciencia y tecnología de la provincia, y allí aparece la primera sorpresa: si nos atenemos al proyecto de presupuesto 2020 enviado por Lifschitz a la Legislatura, se sostendría el insólito esquema actual de funcionamiento, con una marcada hipertrofia de la planta política. Como hemos dicho en su momento al analizar el presupuesto para éste año, el Ministerio cuenta con 92 cargos en su planta de personal, de los cuales 27 son políticos (funcionarios y asesores de gabinete), o sea, el 30 %.

Algo así como un cargo político cada dos de planta permanente, que para colmo no son de la carrera de investigador como existe en el CONICET o algo parecido, porque eso no existió nunca en la provincia, y el socialismo tampoco lo creó. Por contaste, la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación creada por la Ley 13.742 no cuenta ni con un solo empleado; pese a que maneja más de la mitad de las partidas del Ministerio, y el 81,56 % de las “Transferencias” destinadas a becas y subsidios para los investigadores y proyectos de investigación.

Otro tanto sucede con los recursos generales asignados al área: mirando el proyecto de presupuesto con media sanción del Senado, el Ministerio que desaparece como tal tendría partidas por $ 444.910.000, lo que supondría un aumento del 85,37 % sobre los 240 millones de pesos asignados para éste año. Sin embargo, hay una trampa: éste año además de esos 240 millones asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se contemplaron otros $ 244.540.000 en la finalidad “Ciencia y Técnica” en “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, para reforzar las partidas del Ministerio si era necesario en el transcurso del ejercicio.

De modo que este año la finalidad “Ciencia y Técnica” tenía asignados en realidad $ 484.540.00 millones, que el año que viene serán menos incluso en términos nominales, de acuerdo al proyecto de  presupuesto que mandó Lifschtiz a la Legislatura; y eso obedece a que no hay un centavo con esa finalidad previsto en “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, o sea, simplemente juntaron lo que estaba separado, para que pareciera que estaban reforzando las partidas destinadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, vimos acá como 190,5 millones de pesos de esos 244,54 millones de refuerzo fueron finalmente destinados a pagar deudas, y no a “Ciencia y Técnica”. Pero hay más, para ver que no todo pasa por como se llame el área, o cual sea la jerarquía que tenga: más arriba hablamos de la ley 13.742, que aprobó el Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y estableció un cronograma de asignación creciente de recursos al sector, medido en términos de porcentaje sobre el total del presupuesto provincial.

De acuerdo con ese cronograma original de la ley, para el año próximo los recursos destinados a la finalidad “Ciencia y Técnica” deberían representar al menos el 0,38 % del total del presupuesto provincial. Como veíamos en ésta otra entrada, Lifschitz vetó la ley pese a que era un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Bonfatti, específicamente en la parte de la asignación de los recursos.

Como las Cámaras rechazaron su veto, no le quedó más remedio que promulgar la ley, y esperó más de un año, hasta diciembre del año pasado, para reglamentarla mediante el Decreto 4064, en el que trampeó a la ley: según su texto, el cronograma de asignación creciente de recursos destinados por la provincia a “Ciencia y Técnica” lleva en la actualidad a que en el año 2020 se destinen a ese fin el 0,21 % de los recursos totales del presupuesto provincial, y no el 0,38 % como manda la Ley 13.742.

Pero el proyecto enviado por él mismo a la Legislatura y que el Senado aprobó a tambor batiente no cumple ni siquiera con esa nueva meta más amarreta, decretada por él violando la ley: esos 484 y pico de millones asignados al área que dejaría de ser Ministerio causando tanto revuelo, representan apenas el 0,11 % del total del presupuesto provincial.

Y un 10,6 % de ese exiguo presupuesto se destina a sostener el Acuario de Rosario, que era municipal. Pero eso sí: planteando que siga siendo Ministerio, digamos todo. 

UNA DEUDA CON LA CIENCIA

El enorme choclo de deudas que el socialismo le dejará al gobierno de Perotti es algo que, a esta altura, solo puede ignorar el que lo desea, o el que no presta atención. Y la bola de nieve crece día a día.

Al extremo que hace una semana veíamos acá como el gobierno de Lifschitz se endeudaba para pagar deuda: apelaba a los descubiertos en sus cuentas en el Nuevo Banco de Santa Fe para poder conseguir los pesos para comprar los dólares que necesita para pagar los vencimientos de los préstamos externos de la provincia, cuya incidencia en las cuentas provinciales viene creciendo por la devaluación.

Y el decreto que encabeza el post lo comprueba una vez más, por si hiciera falta: está modificando el presupuesto para generar partidas para atender los servicios de la deuda pública por 627 millones de pesos adicionales, según este detalle: 518 millones para la deuda externa (por la devaluación), 90 millones para pagarle al banco de Eskenazy los intereses por los anticipos en descubierto, y otros 19 millones de pesos para pagar los intereses de los certificados de obra pública cancelados fuera de término.

Hoy por hoy, las tres principales fuentes de endeudamiento creciente del Estado provincial. El tema es que para conseguir esos 627 millones de pesos, tuvieron que mutilar otras partidas del presupuesto, y para poder hacer eso, era necesario que éstas no estuvieran ejecutadas a la fecha (a un mes y medio de finalizar el ejercicio). 

Y como podemos ver en la imagen de abajo (que corresponde a un cuadro anexo al decreto), 190 millones de pesos del total destinado a pagar distintas deudas, salieron de las partidas asignadas a Ciencia y Técnica: 

Para tener una idea del hachazo: esos 190 millones de pesos representan el 77,90 % de las partidas asignadas a Ciencia y Técnica en "Obligaciones a Cargo del Tesoro" en el presupuesto de éste año para reforzar las partidas de esa finalidad si hiciera falta, y el 79,37 % de los 240 millones de pesos asignados, por todo concepto, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LA CIENCIA DE EMBAUCAR

Hoy tuve una muy buena reunion con el Presidente Macri. Hablamos de lo que hay que hacer a corto plazo para empezar a aliviar la situación de los científicos. pic.twitter.com/mLqY3nChKQ

— Marina Simian (@MarinaSimian) 10 de mayo de 2019

Recibí en Olivos a Marina Simian, investigadora del CONICET. Tuvimos una buena reunión donde conversamos sobre qué medidas tomar para mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo científico. @MarinaSimian pic.twitter.com/Ym1UeqoS0j

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de mayo de 2019

En campaña Macri prometió duplicar la inversión pública en ciencia y técnica y llevarla al 1,5 % del PBI, ya en el gobierno la redujo en términos reales un 40 %, con la consecuencias conocidas: paralización de proyectos de investigación, recortes en las becas, disminución brutal de los ingresos a la carrera de investigador, virtual acefalía del CONICET, demoras increíbles en el pago de las becas y subsidios ya otorgados y ya en el medio del episodio Del Modo, la renuncia de Dora Barrancos por la insostenible anomalía institucional existente en el organismo rector de la ciencia en el país.

Pero si juzgamos por los dichos de la investigadora que fue a la tele a concursar en un programa de preguntas y respuestas para conseguir fondos para continuar su trabajo, Macri no estaba al tanto de nada de eso; es decir, desconocería las consecuencias de decisiones tomadas por su propio gobierno, y ratificadas por él mismo cada vez que pudo, enfatizando que el rumbo elegido era el correcto, y el único posible. Eso, o ambos son unos cínicos, o el presidente vive en una completa nube de pedos, prendido al control remoto de la tele todo el día.

En estos tres años y medio de gobierno de Macri, la comunidad científica apeló a todas las modalidades de protesta posibles para visibilizar sus reclamos, y que fueran atendidos: desde ollas populares hasta carpas o volanteadas, pero nada sirvió para generar la más mínima reacción de las autoridades. Hasta que la doctora Simian apareció en televisión en el primer time.

Y entonces no faltaron quienes -con una ingenuidad absoluta, si se nos permite- celebraron que así lograra que el tema tuviera repercusión, como si eso -o su encuentro posterior con Macri- garantizaran que ahora sí, los reclamos serán atendidos, y la ciencia volverá a ser prioridad para el Estado.

No es que seamos incurablemente pesimistas, sino que simplemente nos atenemos a los datos de la realidad: en el modelo de país que ejecuta Macri, la ciencia y la investigación nunca fueron prioridad, porque conducen a un desarrollo autónomo del país superando los estrechos límites de una granja colonial productora y exportadora de materias primas y energía (el “supermercado del mundo”); y porque además conducen al desarrollo del pensamiento crítico, algo que los propios “filósofos” del régimen han calificado como negativo.

A todo eso, hay que añadirle el dogal de hierro de los compromisos de recortes en el gasto asumidos en los acuerdos con el FMI, para garantizar el pago de los compromisos de la deuda, incrementados exponencialmente en estos años, para financiar la fuga de capitales, y el intento reeleccionista de Macri.

Pero supongamos por un momento que, contra lo que conjeturamos, llegan las soluciones que la ciencia argentina demanda, como consecuencia de la participación de Simian en la tele, y de su entrevista con Macri: en tal caso no sería sino la institucionalización de un modo de gestión de la cosa pública que está en el núcleo mismo del modelo macrista: de allí el elogio de los comunicadores oficiales (empezando por el aplauso que pidió el propio Del Moro en su programa) a la “pasada de gorra” televisiva de la investigadora, para conseguir fondos.

Es decir, nos están diciendo que el camino no es protestar, ni quejarnos, ni organizarnos para -por caso- conseguir que se cumpla lo que está previsto en el presupuesto, o en decisiones tomadas por el propio Estado (como la asignación de las becas), o para conseguir una mayor inversión pública, en este caso en ciencia e investigación: no señores, nos dicen, no hay que pedirle todo al Estado ni esperarlo todo de él, piensen, imaginen, arremánguense y salgan a resolver por ustedes mismos sus problemas. Algo parecido a los que delegan en las cooperadoras escolares el mantenimiento de los edificios, o vender empanadas para comprar bancos o pizarrones: el indulto al Estado ausente, disfrazado de “compromiso social”.

Esa es la enseñanza perversa que deja el episodio, y que hace que, si se siguen atentamente las líneas de puntos de sus distintas etapas (programa televisivo, entrevista con Macri, declaraciones posteriores de la doctora, esposa a su vez de un funcionario de Rodríguez Larreta), se haga difícil evitar la tentación de pensar que todo estuvo cuidadosamente armado desde el principio. Y si no lo estuvo, aprovecharon al vuelo para llevar agua para su molino. 

EL PRESUPUESTO DE LA RECESIÓN Y LA POBREZA

“El proyecto Presupuesto 2019 expresa caída de la actividad económica, una mayor afectación al pago de deuda e intereses, déficit de cuenta corriente, la inversión real directa más baja desde 2007 y caída en educación, salud, ciencia y tecnología y remuneraciones. El proyecto se presentó el 16 de septiembre y no contempla el nuevo acuerdo con el FMI firmado 10 días después, que modifica las variables presentadas (ya fuera de realidad). "

"Dicho acuerdo reconoce tanto una ampliación del crédito (de US$ 50.000 millones a US$ 57.000 millones) como adelantos de los desembolsos tanto para 2018 y 2019, quedando sólo un remanente de US$ 5.903 millones para el nuevo gobierno que asuma el 10/12/2019. En 2018, se habrá desembolsado un total de US$28.400 millones, que representan el 58% del total de reservas internacionales del BCRA. El año siguiente se desembolsarán US$ 22.800 millones de dólares. La sumatoria de las partidas presupuestarias destinadas a Salud, Educación, y Ciencia y Tecnología ascienden a $425.261 millones, lo que representa el 71,6% del monto total afectado al pago de Rentas de la Propiedad ($593.225 millones).”

“La distribución a Provincias presentada en las Pautas Macrofiscales, está sobredimensionada. Provincias y Municipios recibirán 7% menos de lo difundido por el gobierno nacional, en un escenario más realista, pero optimista, y perderían hasta un 17% en un escenario más pesimista. Ingresos Tributarios. El Presupuesto 2019 estima un crecimiento real de los Ingresos Tributarios del Sector Público Nacional No Financiero 2019, proyectando un incremento aún con dos caídas del PIB consecutivas.”

“Remuneraciones. Se proyecta una fuerte caída de la participación de las Remuneraciones 2019 y su crecimiento nominal resulta menor que la inflación proyectada para 2019, lo que significará una caída del salario real. No se prevén ingresos de personal. Inversión en bienes de capital e infraestructura. La Inversión Real Directa 2019 no sólo prevé una caída respecto de 2018, sino que sería la inversión más baja realizada por un gobierno desde 2007, lejos del máximo de la serie que fue 1,25% en el año 2009. Intereses de la Deuda. Según el Proyecto de Presupuesto en 2019 destinaremos más de 3 puntos del PIB a pagar Rentas de la Propiedad, 2 puntos más que el promedio pagado durante 2007-2015. Los pagos por intereses y capital de deuda nominada en dólares cada vez representan más puntos del PIB.”

“Salud. Este servicio esencial pierde presupuesto en cada año de la presente gestión de gobierno. Educación. La educación es la herramienta que tiene toda una sociedad para planificar el futuro en desarrollo. No parece ser la convicción de quienes nos gobiernan. Esta inversión esencial para el país también cae en el presupuesto 2019, confirmando el rumbo iniciado en 2016. Ciencia y Tecnología. Junto a la caída en educación y salud, la presente gestión hipoteca el futuro de todos los argentinos. La sumatoria de las partidas presupuestarias destinadas a Salud, Educación y Ciencia y Tecnología ($425.261 millones) representan el 71,6% del monto total afectado al pago de Rentas de la Propiedad ($593.225 millones).”

“El presupuesto 2019 prevé una caída del PIB que 0,5%, que reconoce menor consumo privado, menor inversión, menor inversión pública y mayor volumen de importaciones. La subestimación de la caída obedece a un crecimiento proyectado de las exportaciones del 20,9%, el cual sólo sería factible en caso de un extraordinario aumento de exportaciones de los commodities. Si las exportaciones no crecen a ese ritmo, la caída del PIB sería mucho más pronunciada. La referencia histórica muestra que, luego de la devaluación del 2002, las exportaciones de manufacturas de origen industrial superaron los niveles del 2001 dos años después." 

"A pesar del salto devaluatorio, de la caída de la actividad económica y de la alta base de comparación 2018, el presupuesto 2019 proyecta un crecimiento de las importaciones del 2,9%, afectando la producción y el empleo nacional. Según la información proporcionada en el presupuesto, el déficit de balance comercial para 2018 ascenderá a US$ 4.600 millones, mientras que para 2019 proyecta un superávit de US$ 5.800 millones, es decir, prevé revertir unos U$S10.400 millones. Estimaciones más realistas hacen prever que la economía puede ver un retroceso mayor en los años 2018 y 2019.”

“Las transferencias presupuestarias a Provincias (corrientes y de capital) quedan reducidas a menos del 1% del PIB. Caen en términos reales y también en términos nominales. Con los datos oficiales surge que las transferencias automáticas a Provincias tendrían un crecimiento en los años 2018 y 2019, mediadas por la restitución del 3% del ANSES. En la comparación con los Ingresos Tributarios, cae la participación provincial de 77,4% al 74%. La relación transferencias totales a Provincias sobre ingresos totales está prevista para el 2019 en el 31%. Esa distribución esconde la falacia del crecimiento de recaudación en dos años consecutivos de caída del PIB.”

“Banco Nación. Teniendo en cuenta que el resultado del ejercicio 2017 fue de $ 9.589,4 millones, con un patrimonio al cierre de 2016 de $79.908, la tasa de rendimiento sobre el patrimonio se encontró por debajo de la evolución del nivel de precios. En los primeros cuatro meses del presente año hubo un resultado positivo de $ 6.815 millones, que en relación al Patrimonio de cierre de 2017 ($ 89.803,5 millones) representa una tasa anualizada de 22,8% (también claramente por debajo de la inflación reinante), llevando a una importante descapitalización de la Institución. De respetarse el artículo aprobado el pasado año para el ejercicio en curso, el tope a girar desde el Banco Nación podría alcanzar los $ 4.113 millones para el 2019, monto muy inferior a los $ 15.000 millones que se pretende con el artículo propuesto. Volver a descapitalizar al Banco de la Nación no hará sino deteriorar aún más su situación. Se lesionaría de tal manera su capacidad crediticia y su rol de principal Institución financiera de la Argentina.”

“Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, acotadas, en 2018 la deuda externa representará el 87% del PBI; peso de la deuda que no se veía desde 2005, previo al pago al FMI. El pago de intereses de deuda es el rubro que más aumenta en el presupuesto 2019 y representa una erogación mayor que todos los salarios que paga el Estado nacional. La salida al escenario de recesión que plantea la gestión de gobierno es una apuesta inverosímil destinada a refinanciar todas las obligaciones externas en 2019, asumiendo en que el dólar promedio se ubique en $ 40,10, menor al promedio alcanzado en los últimos dos meses. En el texto del mensaje del Proyecto de Presupuesto 2019 se reconoce la situación seria de la Deuda Externa aunque se le da menos volumen que el que ésta finalmente tiene. La relación Deuda/PIB superará a fines de 2018 el 100%. Los vencimientos están acotados en el tiempo y además de 2018/19, los compromisos agolpados en el quinquenio 2019/2025 someten al país a un ciclo de ajuste tras ajuste.”

“La gestión Cambiemos asume que podrá refinanciar la totalidad de sus obligaciones con vencimiento en el año entrante. Para el año curso, considera que “el Tesoro no tiene que realizar nuevas colocaciones que incrementen el stock de deuda para cubrir sus necesidades, visto los recursos aportados por el FMI. Sin embargo, entre septiembre y diciembre vencen Letes (Letras del Tesoro, pagarés denominados en dólares, emitidos por el Estado nacional y que se usaron para disminuir hace tres meses la burbuja de Lebac) por US$ 5.700 millones y otros US$ 2.300 millones emitidas en pesos. “Alcanza con refinanciar un 60% para cerrar definitivamente el 2018”, dice el gobierno en el Proyecto de Presupuesto, sin explicar cómo o por qué los inversores confiarían lo suficiente como para refinanciar los vencimientos que se avecinan, ni de dónde saldrán los fondos necesarios en caso de que así no fuere. ”

“Para 2019 se necesitan, enfatiza el Proyecto de Presupuesto de Cambiemos, US$ 38.900 millones para pagar los vencimientos del año próximo. Para eso se generará deuda con el FMI por los montos acordados prima facie la semana última de septiembre y en proceso de aprobación por parte del directorio de la entidad. Expresado en forma mas precisa: en medio de este contexto internacional, en un año de elecciones y con tres de cuatro años de gestión con caída del PBI, el gobierno conjetura que con apoyo externo logrará refinanciar (roll over) en 2019 el 51,67% de la deuda en dólares. El presupuesto no explica de dónde saldrían en 2019 los dólares -descontando que va a bajar a $40,10- en caso de que los refinanciamientos no sean tan exitosos.”

“La línea con mayor aumento en el presupuesto 2019 corresponde al pago de intereses por la deuda. En ese rubro se estipula que el Estado dispondrá en 2019 de $ 596.065 millones. Para contextualizar ese destino, el monto señalado expresa un aumento con respecto de 2018 de un 48,9%. Así expresado refleja el indicador con el mayor aumento en el proyecto de presupuesto. El pago de intereses de la deuda el año que viene supera el pago total de salarios del Estado nacional ($ 530.928 millones), duplica los subsidios (como los de energía y transporte), cuyo monto es $ 287.302 millones; septuplica las transferencias a las provincias ($ 81.633 millones, que el año próximo caen 17,5% respecto de 2018) y es dos veces más alto que los gastos de capital ($ 215.033 millones, cae 7,2%).”

(Textos e imágenes extraídos del informe de la Comisión de Economía del PJ de la provincia de Buenos Aires sobre el proyecto de presupuesto nacional. Equipo de trabajo responsable: Roberto Feletti, Silvina Batakis, Débora Giorgi, Mercedes La Gioiosa, Arnaldo Bocco, Antonio Mezmezián, Axel Kicillof, Martín Pollera, Cristian Girard.)

AJUSTE POR INFLACIÓN

Para entender como funciona el brutal ajuste que supone el presupuesto nacional para el año que viene que el gobierno acaba de enviar al Congreso para cumplir con la meta del “déficit cero” a que se comprometió con el FMI, hay que tomar en cuenta las pautas macroeconómicas en base a las que está hecho, y como evolucionan los gastos y los recursos.

Según señaló Diujovne en la conferencia de prensa, se tomó en cuenta una inflación del 34,8 % para este año para ajustar las partidas actuales a las que se asignarían el año que viene, y allí está ya la primera trampa: esa cifra es la inflación que ya se lleva acumulada en lo que va del año (incluyendo una proyección del mes de septiembre muy optimista), y resta considerar la inflación que se acumule en los últimos tres meses; que el propio gobierno reconoció hace poco que sería del 42 %, y que bancos y consultoras privadas ya están estimando del orden del 45 al 50 %.

Cuando el ajuste nominal de las partidas es hecho tomando una pauta mucho menor a la inflación real, hay allí ya un ajuste, porque no se compensa en la asignación de los recursos públicos el deterioro del valor real de los fondos, causado por la inflación. Pero la cosa es aun peor, porque en el presupuesto que acaba de ingresar al Congreso los gastos del Estado nacional crecen en promedio un 26,9 %, o sea 7,9 puntos menos que la inflación considerada para elaborarlo, 15,1 puntos menos que la inflación anual estimada por el propio gobierno para este año y entre 18,1 y 23,1 puntos menos que la estimada por los privados.

De modo que toda área del Estado que vea incrementadas sus partidas en menos de cualquiera de las dos bandas de inflación consideradas (la inferior del 34,8 % con la que se hizo el presupuesto, la superior del 50 % de las mayores estimaciones privadas) estará sufriendo un ajuste real, dependiendo su magnitud de cuanto se aleje de ellas.

A su vez, el proyecto de presupuesto refleja el nuevo organigrama del Poder ejecutivo y de la Administración Nacional, como consecuencia del DNU que suprimió y fusionó ministerios, con casos arquetípicos por lo controversiales, como los de Salud, Trabajo o Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Y finalmente, al presentar el proyecto Dujovne dijo que el ajuste no afectaría a los sectores más vulnerables, porque se incrementarían las partidas sociales, en términos reales, pero los propios números del proyecto lo desmienten: Y si no veamos:

* El área de Desarrollo Social propiamente dicha (es decir sin considerar que ahora absorbió a la ANSES y Salud, por ejemplo, y ya se había desprendido de lasi pensiones contributivas) pasó de un presupuesto de $ 53.883.779.489 este año, a uno de $ 63.806.135.797 para el año que viene: un aumento del 18,41 %; casi la mitad de la pauta inflacionaria estimada por el gobierno para hacer el presupuesto, y por debajo incluso del promedio general de crecimiento del gasto público.

* El área de Salud pasó de $ 46.414.583.477 este año siendo ministerio, a $ 45.521.012.926 para el año que viene, como “Secretaría de Gobierno” en Desarrollo Social: una caída en términos nominales del 1,93 %, ni hablemos de los efectos reales de la poda, si a eso le añadimos la inflación, en cualquiera de las estimaciones indicadas)

* El área de Trabajo (sin incluir Seguridad Social ni la ANSES, que pasaron a Desarrollo Social) pasó de $ 9.039.646.982 a $ 9.133.703.132: un aumento nominal del 1,01 %, o sea un brutal ajuste, en términos reales.

* Educación (sin Cultura ni Ciencia y Tecnología, que le fueron traspasadas) pasó de $ 163.167.360.587 este año, a $ 197.718.192.103 el año que viene: un aumento nominal del 21,17 %, por debajo de todos los indicadores señalados anteriormente.

Dentro de ella, los fondos destinados a las 57 universidades nacionales pasaron de $ 103.212.020.039 a $ 138.114.123.192, una suba del % 33,81 % casi en línea con la inflación calculada por el gobierno, pero bastante por debajo de la real. Acaso una respuesta (insuficiente, claro está) frente a las tomas de facultades y las protestas de la comunidad universitaria en todo el país. El programa PROGRESAR pasó de $ 9.894.085.000 este año, a $ 9.480.616.767 éste el año que viene: una poda nominal del 4,18 %.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los programas de compensación salarial para las provincias que no pueden pagar los salarios pactados en la paritaria nacional docente tendrán un incremento del 3,4 %: se ven claramente los efectos del desmantelamiento por el Decreto 52/18 de Macri de la paritaria nacional docente. Recordemos que hasta último momento de las negociaciones la nación trató de traspasar directamente el FONID a las provincias.

* El área de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (absorbida por Educación) pasó de $ 19.010.057.108 a $ 21.463.147.323: una suba nominal del 12,90 %, fiel reflejo de las políticas del gobierno de “Cambiemos” para el sector.

Un aumento del 27,43 % en las partidas destinadas al CONICET (por debajo de toda estimación de inflación) se vio más que compensada con podas brutales en términos nominales en los demás programas del área, incluyendo los aportes a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

* Los subsidios al transporte pasaron de $ 39.197.255.592 este año, a $ 24.000.000.000: una poda nominal del 38, 77 %, a la que hay que sumarle el efecto de la inflación. Está claro que habrá nuevos y drásticos aumentos del boleto de colectivo (urbano y de media y larga distancia), porque además les transfieren la responsabilidad a las provincias.

* Pero no todas son pálidas, ni todos los gastos del Estado sufren podas nominales o reales: los subsidios que se les dan a las petroleras para estimular la producción pasaron de $ 26.310.314.946 en 2018, a $ 47.894.198.056 el año que viene: un crecimiento del 82,03 %; o sea el doble de la pauta inflacionaria prevista por el gobierno para todo el año, y 47,23 puntos por encima de la que usó para elaborar el presupuesto.

Algo parecido pasa con los subsidios que deben transferirse a CAMMESA para las compras de electricidad a las generadoras: como consecuencia de la dolarización de las tarifas, pasarán de $ 64.961.827.403 a $ 104.077.041.407, de un año a otro: un aumento del 60,21 %, todo eso considerando que se cumplan las predicciones oficiales sobre la evolución del dólar; salvedad que también vale para el subsidio a las petroleras.

VALORACIÓN DE CRISTINA

Docentes que vieron saldadas sus deudas salariales de años, o resuelta a falta de pago del incentivo, que comenzaron a tener regularmente paritarias nacionales, y a trabajar en escuelas nuevas, a las que llegaban las netbooks para superar la brecha digital y ayudar a igualar oportunidades.

Universidades públicas y sus docentes que vieron superadas décadas de restricciones presupuestarias y salarios de miseria que se encontraron con paritarias, fondos para equipamiento o investigación, ampliación de la infraestructura y nuevas carreras y universidades, Científicos repatriados, dignificados en su rol y en su condición e integrados a un proyecto de país que pensaba en el largo plazo.

Trabajadores de gremios industriales y de servicios que vieron recompuestos sus salarios, tanto que pasaron a pagar Ganancias, y otros que accedieron a la dignidad de un empleo en blanco por primera vez. Gremios que expandieron su cantidad de afiliados, mientras sus dirigentes reclamaban por mayor participación en el dispositivo político del oficialismo, o por cuestiones tales como la generalización de las asignaciones familiares, o la supresión de Ganancias.

Jubilados “viejos” que, sin pasar a ganar salarios europeos ni mucho menos, comprobaron como por primera vez en la historia el Estado se comprometía por ley a reajustarles los haberes, por lo menos dos veces al año, para que no perdieran poder adquisitivo. Jubilados (y jubiladas, sobre todo) “nuevos” de las moratorias que accedieron a un ingreso regular y a la cobertura del PAMI, cuando pensaron que nunca lo conseguirían.

Citamos así solo al pasar algunos de los colectivos sociales más beneficiados por las políticas del kirchnerismo en los gobiernos de Néstor y Cristina, en los que con toda certeza existen muchos votantes de Macri en el 2015, y de las listas de “Cambiemos” el año pasado. Un repaso rápido, sin contar a los sectores populares que están por fuera del circuito laboral formal, pero fueron alcanzados por las políticas de protección social (AUH, régimen del personal de casas de familia, Progresar, Qnita, Remediar): aunque también allí hubo quienes votaron por Macri, uno quiere suponer que fueron los menos, y que también metabolizaron más rápidamente las consecuencias, porque les llegaron más rápido y más dramáticamente.

No se trata de desplazar las culpas -como hace el macrismo- de nuestros propios errores políticos para colocarlas en la sociedad “que no nos comprendió”, sino de entender como la magnitud del ajuste y el retroceso en el reconocimiento de derechos (el que ya vimos, y sobre todo, el que se avecina, y ya nadie niega) genera una dinámica de aceleración del proceso por el cual las “demandas de tercera generación” o reclamos (legítimos) más “sofisticados” (dejar de pagar Ganancias, acceder al ahorro en dólares o a la vivienda propia, mejoras en los servicios públicos), dan paso a una pelea por las condiciones mínimas de subsistencia digna; porque el neoliberalismo arrasa sobre los “pisos” que se creían asegurados. Y agregamos: que nosotros mismos en un error voluntarista definimos como “irreversibles”.

Hoy día la sociedad (o al menos la mayoría de ella) está preocupada por mantener el empleo, conservar el poder adquisitivo de sus salarios devorado por la inflación, poder pagar las facturas de los servicios básicos, y si hemos de darle crédito a los propios documentos oficiales que están trascendiendo, por mantener beneficios elementales como una jubilación, las pensiones sociales o la Asignación Universal por Hijo; todo lo cual supone un desafío para la praxis política de los opositores a éste gobierno, para expresar esas demandas, y darle un cauce de salida a esas preocupaciones; al mismo tiempo que una invitación a la reflexión de los afectados sobre sus opciones políticas futuras, que no descartamos que muchos ya están haciendo.

No se trata de que el kirchnerismo haya hecho todo bien, ni tampoco de apelar a aquella famosa frase de Perón cuando decía que no haría nada para volver al poder, porque todo lo harían sus enemigos. Tampoco de que baste con decir que vamos a volver, e incluso con lograrlo, y volver iguales, porque como dice siempre Máximo Kirchner, tenemos que volver para ser mejores.

Sin desconocer las dificultades para volver por lo menos “iguales” (es decir, restableciendo ciertos derechos y situaciones existentes hasta diciembre del 2015 como “piso”), y sin desconocer tampoco que en todos los sectores que hemos mencionado al principio, tanto como en otros de la sociedad, hay quienes son irreductibles a votarnos, porque están sumidos en una espiral de odio que los cierra a toda capacidad de comprensión de la dinámica del proceso.

Pero lo cierto es que Macri ha hecho mucho para que muchos argentinos revaloricen de otro modo la experiencia kirchnerista, y dentro de ella el rol y las condiciones y capacidades de Cristina. Incluso aquellos que pudieron tener entonces legítimos motivos de enojo o crítica, o los que se distrajeron en cuestiones secundarias, perdiendo de vista lo central.  La historia, tarde o temprano, termina poniendo a cada uno en su lugar; está en nosotros aprovechar ese fenómeno, y traducirlo en votos.

Explicar, cuantas veces sea necesario y con toda la paciencia que haga falta, no tanto que se cumplieron los pronósticos de la “campaña del miedo”, como que si algo demuestra Macri en el gobierno, y sus políticas, es que en la política siempre hay conflicto; lo que supone que siempre hay algunos que ganan, y otros que pierden, con las decisiones que se toman desde la conducción del Estado.

Menos “Te lo dije” o “Yo te avisé”, y más inteligencia para transmitir que, dadas esas simples y contundentes verdades como datos de la realidad de los que no se puede escapar, el asunto es elegir al que pueda acomodar mejor las cargas, haciéndolas más parejas; no al que profundiza las desigualdades haciendo que la taba caiga siempre para el mismo lado: el de los que más tienen.

Porque es ahí donde se agiganta Cristina no ya en la perspectiva del pasado, sino en la proyección del futuro: porque ha sido la única que (gobernando, teniendo la responsabilidad de administrar) nunca eligió que los platos rotos los pagaran los que menos tienen, ni se la pasó convocando a sacrificios que ella no estuviera dispuesta a hacer y que además no son parejos para todos, como es la costumbre de Macri.

Y no es que le hayan faltado presiones para tomar atajos, e ir por el otro rumbo, por el que siguieron tradicionalmente todos los gobiernos hasta el 2003: el de los “ajustes dolorosos pero imprescindibles para tener un futuro mejor”, que nunca llega. Por eso Cristina es lo que es, y los demás (sobre todo los que la cuestionan desde la oposición) no le llegan ni a los talones, porque si les hubieran tirado a cualquiera de ellos con una porción mínima de la munición que descargaron (y descargan) sobre ella), ya no estarían en pie;y porque ninguno da garantías de que, llegado el caso, no haría más o menos lo mismo que está haciendo Macri "porque no quedaba otro camino". Tuit relacionado:

No hay unidad posible con los que no salgan a bancar fuerte a Cristina en este momento, sin especulaciones. No importa quienes sean, donde estén y donde hayan estado antes.

— La Corriente K (@lacorrientek) 27 de agosto de 2018

EXTRAÑO MODO DE FESTEJAR

En el año del centenario de la reforma universitaria de 1918 (declarado además así por un decreto del propio Macri) las 57 universidades nacionales de todo el país llevan 14 días consecutivos de paro docente en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector; un reclamo que ya trasciende a los trabajadores de la educación universitaria para proyectarse al conjunto de la comunidad, demandando una respuesta del gobierno.

Incluso la mayoría de los rectores (salvo, claro está, los más incondicionalmente alineados con el gobierno nacional) apoyan y alientan el reclamo, porque lo padecen en carne propia: la ridícula oferta salarial de un 15 % en cuatro cuotas para los docentes es el correlato de la sub-ejecución de las partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento corrientes de las universidades (las transferencias acumulan un retraso de varios meses); circunstancia que colocará en breve a muchas de ellas en la situación de no poder pagar ni siquiera regularmente los ya depreciados salarios a los docentes y personal de apoyo. Consecuencias directas e inmediatas de los compromisos draconianos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Ni hablar de que la inversión pública en el sistema universitario en obras de infraestructura o equipamiento está completamente paralizada, y la misma situación se observa en el sistema nacional de ciencia y técnica, del cual las universidades son además parte: el paulatino vaciamiento del CONICET y la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas son parte principal de las políticas del gobierno e “Cambiemos”, desde la misma asunción de Mauricio Macri.

La “campaña del miedo” del balotaje presidencial se vio así empequeñecida por las políticas concretas del gobierno nacional para la educación, la ciencia y la tecnología; y el vaciamiento y la asfixia presupuestaria de las universidades y los centros e institutos de investigación científica de todo el país son parte de un plan global de integración periférica, reprimarizada y dependiente al mundo de un país para el que se nos propone como destino “ser el supermercado del mundo”, y ni tan siquiera eso pueden garantizar cumplir.

En cese contexto, la paralización total del sistema universitario es otra cara de la moneda de una realidad en la que el gobierno de Macri desguaza y poda deliberadamente todo intento de desarrollo científico y tecnológico autónomo del país; como lo comprueban la paralización del plan nuclear, la hibernación del plan satelital o el retaceo de recursos a ARSAT o INVAP, ejemplos claros de los logros de los que los argentinos somos capaces; y en los que los docentes, científicos e investigadores universitarios han tenido también destacada participación.

El gobierno de la “nueva derecha moderna y democrática” del que nada se esperaba en materia de defensa de la educación pública de calidad, nada está dando; por el contrario pugna desesperadamente por hacer ingresar al país a la OCDE (cuyas pautas de “evaluación” viene aplicando ya) para hacer tabla rasa con la prohibición establecida por el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional 26.206 que establece que “El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.”.

En ese contexto, es penoso el papel que viene cumpliendo la UCR, que asiste en silencio a la destrucción de uno de sus mayores capitales simbólicos y bastión institucional: la educación pública, gratuita y de calidad como herramienta de integración, cohesión y movilidad social; y dentro de ella, las universidades nacionales.

El estruendoso silencio radical al respecto incluye a sus organizaciones “juveniles” como la Franja Morada, que por mucho menos durante el gobierno de De La Rúa presionó para la salida de López Murphy: ¿tienen acaso más lealtad con el PRO y el acuerdo que llevó a “Cambiemos” que con su propia tradición partidaria?

Aunque pensándolo bien, no debiera sorprender en una fuerza que, en tiempos recientes, se opuso al establecimiento de la gratuidad de los estudios universitarios de postgrado, y a la consagración del derecho de los docentes universitarios a tener un convenio colectivo de trabajo y paritarias, con el argumento de la “autonomía universitaria”; principio que por cierto las políticas de ajuste como las que lleva adelante Macri convierten en letra muerta. Y tampoco olvidemos que bancaron el uso de la fuerza pública dentro de las universidades, sin orden judicial, como hizo Morales en Jujuy; al mejor estilo de "la noche de los bastones largos".

Que decir de la UCR y la Franja santafesinas, que nos han dado nuestros dos últimos intendentes (hoy uno de ellos embajador de Macri en Uruguay), semillero de dirigentes y funcionarios del radicalismo que hoy pueblan el gobierno nacional, el provincial y la justicia.

Funcionarios como Cantard, ex decano de Derecho, ex rector de la UNL y ex Secretario de Políticas Universitarias de Macri, hoy diputado nacional; que frente al reclamo docente por mejores salarios y mayor presupuesto responde que el problema de las universidades es que tienen demasiados docentes; en lugar de pensar como hacer para que tengan cada ve más alumnos. Por el contrario, el gobierno nacional evalúa por estos días congelar o recortar los montos de las becas del Progresar, para que le cierren los números del déficit fiscal comprometido con el FMI.

Empezábamos el post diciendo que estamos en el año del centenario de la Reforma (que extraño modo de festejarlo que eligió "Cambiemos"), y no nos vamos a cansar de repetirlo: aquel movimiento de los estudiantes de las clases medias acomodadas de su tiempo se planteó como objetivo democratizar la Universidad, abriéndola al pueblo; pero la gratuidad es una conquista del peronismo; que mal que les pese fue el que le garantizo recursos suficientes del financiamiento público para que desarrollara sus cometidos.

Como el último gobierno peronista (al que por estos días ellos acusan de ser una asociación ilícita), que estableció por la Ley 26.075 el compromiso de destinar a la educación, la ciencia y la tecnología no menos del 6 % del PBI, y sobrepasó la meta, llegando al 6,51 % de un PBI que se duplicó entre el 2003 y el 2015.

Ese mismo gobierno que creó 17 nuevas universidades nacionales en 12 años, sin preguntarse “para que tantas universidades”, y para que pudieran acceder a la educación superior universitaria los hijos de los trabajadores; esos que para María Eugenia Vidal no llegan nunca a la universidad. Tuit relacionado:

Ah, los tiempos en los que el radicalismo era identificado como el partido defensor de las universidades, la educación pública, el estado de derecho y las garantías individuales.

— La Corriente K (@lacorrientek) 23 de agosto de 2018

EL REPARTO DE LA TORTA PROVINCIAL

Aun no está disponible en la página web del gobierno de la provincia el Presupuesto analítico para éste año, con el máximo nivel posible de desagregación de las diferentes partidas. Sin embargo, con la información ya disponible se pueden analizar algunos datos de interés que dan cuenta de las prioridades y el rumbo en general del gobierno del Frente Progresista. 

La imagen de apertura refleja la distribución de las partidas entre las diferentes áreas de lo que se denomina “Administración Provincial”, que comprende la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad (Caja de Jubilaciones y Pensiones y el IAPOS); o sea no incluye a las empresas del Estado provincial (EPE, Aguas Santafesinas, etc)

* De acuerdo con lo que vemos allí, el Ministerio de educación (el área con mayor presupuesto se llevaría el 21,16 % del gasto total de la Administración Provincial, cuando en el año 2016 (último ejercicio del cual se dispone la Cuenta de Inversión) era el 23,74 % (21,54 % si se incluye a las empresas del Estado); lo que confirma la tendencia que se viene observando desde 2007 en que llegó al gobierno el Frente Progresista: el área sigue perdiendo participación relativa en la “torta” del presupuesto provincial.

* Lo mismo sucede con Desarrollo Social: tendría asignado este año un 1,45 % del gasto, cuando en el 2016 era el 1,58 % (sin contar empresas del Estado) o del 1,45 %, pero incluyendo a las empresas del Estado en la base de cálculo.

* A la inversa, el Ministerio de Seguridad viene creciendo en la asignación de recursos: ya supera al Ministerio de Salud para colocarse en segundo lugar entre los ministerios detrás de Educación: representará el 9,50 % de los gastos, o sea 6,56 veces más que el Ministerio de Desarrollo Social. No parece una forma muy progresista que digamos de enfocar los problemas derivados de la desigualdad y la exclusión.

* Hace poco veíamos acá como Lifschitz vetó una ley impulsada por Bonfatti que establecía una asignación creciente de recursos al área de Ciencia y Tecnología provincial, que arrancaba en el 0,17 % del presupuesto para llegar al 0,50 % en el 2021.

De acuerdo con el presupuesto aprobado para este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tendrá asignados el 0,094 % de los fondos y apenas subirá al 0,095 % en el 2019, porcentaje que mantendría en el 2020 (se proyecta el presupuesto plurianual). En el 2016 representó el 0,10 % del gasto de la Administración Provincial (sin incluir empresas del Estado), por lo que lejos de crecer, viene decreciendo en su participación relativa en la inversión pública del gobierno de Lifschitz.

Cumplir con la meta prevista en la ley vetada para éste año le hubiera significado al gobierno provincial destinar $ 221.140.855,30 adicionales al área de Ciencia y Tecnología, un importe para nada descabellado ni que pusiera en dificultades las finanzas públicas como se adujo en el decreto: es apenas la tercera parte del último anticipo de coparticipación que le dieron a la Municipalidad de Rosario en diciembre del año pasado.

* Pese al protagonismo que tuvo el anterior titular de la cartera y hoy diputado nacional Luis Contiggiani, el Ministerio de la Producción sigue representando apenas el 0,45 % del presupuesto de la Administración Provincial.

* Por contraste, los subsidios de ambas Cámaras legislativas y el gobernador crecieron significativamente: los senadores tendrán a esos fines 184 millones (un aumento del 23,49 % interanual), los diputados 150 millones (suba del 23,45 % de un año al otro) y el gobernador 166 millones, con un crecimiento interanual del 43,10 % respecto a lo presupuestado en 2017 (posiblemente lo efectivamente ejecutado sea mucho más, por haber sido un año electoral).

Con esas cifras, cada senador y el vicegobernador Fascendini dispondrán de 9,2 millones en subsidios para entregar durante el año, a razón de $ 766.666 mensuales para cada uno.

LA INTERNA SOCIALISTA CAUSÓ DOS NUEVAS VÍCTIMAS: LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA

Antes que nada lo más importante, que como corresponde es el autobombo: del veto de Lifschitz a la ley de fomento de la ciencia, tecnología e innovación se habló primero acá, en este humilde blog.

Dicho esto, nos enteramos ahora en ésta nota del diario en trance de dejar de ser del Loco Lindo, que el proyecto vetado tuvo su origen en los diputados del propio socialismo, comenzando nada más ni nada menos que por Bonfatti, a la sazón presidente de la Cámara; con lo cual el veto de Lifschitz impacta de lleno en la interna partidaria que ya está al rojo vivo, entre el pedido del gobernador de reformar la Constitución para lograr la reelección, y la rosca de Bonfatti con un sector del peronismo para intentar ser él el que vuelva a la Casa Gris.

Y la interna se trasunta a los argumentos del veto, que son como mínimo curiosos.

La ley establecía una asignación mínima de recursos del presupuesto provincial destinados esa finalidad (la ciencia, la tecnología y la investigación; que partía de un 0,16 % en el 2017 para ir creciendo en las alícuotas hasta llegar al 0,50 % en el 2021.

Lifschitz vetó dos artículos (el 2 y el 8) que referían al destino de los fondos, y al compromiso que asumiría el Estado de garantizar una inversión mínima con ese fin. (Las negritas son nuestras)

Al respecto, dicen los considerandos del Decreto 4360: "Que el presupuesto provincial presenta una estructura rígida de su gasto, la cual se compone principalmente de cuestiones vinculadas a los deberes provinciales para la prestación de los servicios de educación, seguridad y salud, siendo éstos indelegables, imprescindibles y con alta sensibilidad social;" (O sea, la ciencia, la tecnología y la investigación no son prioritarias, y si les aumentan los fondos, no habrá gasa en los hospitales, nafta para los patrulleros o tizas en las escuelas. Curioso, como mínimo)

Continúa: "Que en el marco de dicha rigidez, los montos que implican el cumplimiento de las asignaciones plurianuales previstas en el presente proyecto de ley son de alto impacto presupuestario; " (En el 2017 tomando como base el presupuesto oficial, el 0,16 % previsto en la ley eran unos $ 247.129.685, o sea más o menos la tercera parte que la partida asignada en el mismo presupuesto para publicidad oficial, que fue -originariamente- de $ 727.448.000)

Prosigue el decreto: "Que es menester resguardar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para asignar los recursos con una mirada integral del presupuesto en su totalidad;" (O sea, "mirá pelado, ahora el gobernador soy, y por ende soy el que reparte la tarasca, no me quieras armar un gobierno paralelo desde la Legislatura)

Y finaliza así: "Que el artículo 26 de la Ley N° 12.510 establece: "Toda ley que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto deberá señalar sus fuentes específicas de financiamiento o la pertinente autorización para la utilización del crédito. La ejecución del gasto autorizado por dicha ley sólo procede desde el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso";" (La ley en realidad no está "autorizando un nuevo gasto", sino fijando una prioridad para la asignación de los gastos que se vayan a hacer. Con el criterio del veto no se podría haber sancionado la Ley 26.075 de financiamiento educativo, que permitió llegar a la meta del 6 % del PBI invertido en educación, ciencia y tecnología, y sobrepasarla).

LLEGÓ LA CUENTA: EL PRIMER AÑO DE LIFSCHITZ

Ya está disponible en la página oficial del gobierno provincial (verla acá) la Cuenta de Inversión del año pasado, que muestra en cifras cuantos recursos recaudó la provincia y por qué conceptos, y en qué los invirtió; y como es costumbre acá los vamos a analizar en algunos posteos, para diseccionar algunas de las "perlas" que nos parecieron más llamativas. Por ejemplo:  

* En el año en el que el gobernador sostiene que hubo una "explosión de la obra pública" que habría ayudado a morigerar en Santa Fe la caída de la economía en el país, “Inversión Real Directa” (Construcciones + Maquinaria y Equipo) fue el 6,45 % de los gastos, unos $ 8.011.650.068,55. Se habían presupuestado $ 8.200.728.890 en la partida, se la incrementó luego a $ 12.234.234.540,32 (un 49,16 % de aumento sobre lo originariamente votado), se terminó ejecutando el 65,49 % de ese total.

Reparemos en que para éste año solo en "Construcciones" y como decíamos acá, el socialismo presupuestó casi 19.802 millones de pesos; lo que supone que para cumplir la meta debería triplicar la inversión real del año pasado.

* “Remuneraciones” (los sueldos del personal) fue el 40,56 % del gasto total, originariamente era $ 40.688.899.200, se aumentó luego a $ 50.218.533.380,18 (un 23,72 % de aumento), se terminó ejecutando el 99,62 % de lo reformulado. Con empresas del Estado “Remuneraciones” fue el 39,87 % del gasto, e “Inversión Real Directa” el 7,05 %.

* La conclusión de los puntos anteriores es que volvió a pasar en 2016 lo mismo que todos los años desde el 2007 en que llegó al gobierno el FPCyS: se terminan ejecutando menos obras que las presupuestadas, y gastando más en sueldos de lo previsto; y una cosa ocurrió a costillas de la otra.

* El Ministerio de Educación fue el 23,74 % del gasto (sin contar empresas del Estado) y el 21,54 % (contando empresas del Estado). Se confirma así una vez más la tendencia constante y uniforme que se repite desde la llegada del socialismo al gobierno: la educación pierde peso relativo y participación en los gastos del Estado.

* Solo el 1,39 % del presupuesto educativo se invirtió en “Bienes de Uso” (Construcciones + Maquinaria y Equipo) (evolución de la serie). Por contraste, los subsidios a la enseñanza privada para el pago de haberes a los docentes y personal escolar (sin contar las transferencias para comedores escolares y copa de leche de escuelas privadas) representaron $ 6.114.394.130,64, el 20,75 % del presupuesto total del Ministerio de Educación.

* Los subsidios a la enseñanza privada representaron 5,38 veces las pensiones sociales de la Ley 5110 (iguales a las pensiones no contributivas que paga la Nación y Macri recortó), y 5,74 veces lo gastado en “Transferencias” por el Ministerio de Desarrollo Social; o sea que por cada peso que gastó la provincia el año pasado en subsidiar a los sectores más vulnerables de la población gastó casi 6 en subsidiar la educación privada, y el indicador volvió a empeorar el año pasado, en relación a los anteriores.

* Sumando "Transferencias" de Desarrollo Social" y las pensiones sociales de la Ley 5110 solo llegan al 36 % de los subsidios a la educación privada.  

* En el año del recorte nacional en las partidas del CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia fue apenas el 0,10 % del gasto (sin contar empresas del Estado), y el 0,09 % (contando empresas del Estado).

* El Ministerio de Desarrollo Social fue el 1,58 % del gasto (sin contar empresas del Estado) y el 1,43 % (contando empresas del Estado) (tendencia), confirmando una vez más la tendencia que se viene observando (al igual que en Educación) desde el 2007 que gobierna el socialismo: el área pierde participación relativa en el gasto total del Estado provincial.

* “Transferencias” (es decir los fondos que llegan directo a los sectores beneficiarios de los distintos programas del área) fue el 54,22 % del gasto total de Desarrollo Social, una recuperación marginal desde el 53,94 % del 2015, pero que debe contrastarse con el 74,33 % del gasto del área que representaba en el 2007.

* El Ministerio de la Producción (cuyo titular Luis Contiggiani encabeza la lista de diputados del FPCyS) fue el 0,45 % del gasto total (sin contar empresas del Estado) y el 0,41 % (contando empresas del Estado); en el año que las empresas santafesinas fueron atravesadas por los tarifazos, la apertura de las importaciones, la suba de las tasas de interés, el achicamiento de las ventas y el mercado interno, que se tradujeron en cierres, suspensions y despidos. 

* El Ministerio de la Producción tenía asignados $ 50.000 para gastar en “Publicidad y Propaganda”, pero terminó gastando $ 2.219.654,70 (un 4439,31 % más de lo presupuestado en ese rubro); lo que indica con toda certeza que por allí se canalizó parte  de la participación de la provincia en Expoagro; sobre todo si se considera que la partida fue ampliada en realidad un 8666,56 % , a $ 4.333.281.

* Por otro lado en “Alquileres y derechos” (donde entrarían específicamente los stands de la provincia en muestras y exposiciones) gastó $ 11.226.219.94, el 91,21 % de lo presupuestado. Y en la partida “Otros Servicios” (sin especificar) tenía asignados $ 24.250.000, y terminó gastando $ 30.150.782,13, o sea un 24,33 % más. 

Ese rubro fue aumentado en un 55,34 % respecto de lo votado por la Legislatura, y representó más del doble de los 5 millones de pesos que acaba de comprometer el ministerio para apoyar a las pymes industriales del calzado de Acebal, en crisis por las políticas de Macri..