El affaire Ciccone-Boudou discurre en planos superpuestos, que parecen destinados a no tocarse: el avance concreto de la causa judicial por un lado, el rebote mediático como proyectil para causar daño político al gobierno -y a Cristina- por el otro.
Así fue instalado desde el principio, y más allá de los dardos que ayer lanzó el vice en la conferencia de prensa (algunos más certeros que otros), cabe preguntarse si no terminó tributando a la lógica que informa la estrategia clarinista: el insólito reportaje del juez Rafecas en Perfil días atrás, reconociendo que no había ningún elemento que ligara a Boudou con la empresa, había relegado el caso al cuarto plano de las ediciones de los propios medios que lo fogonean.
Pero también activó el allanamiento al departamento propiedad de Boudou, el testimonio de uno de los directivos de Boldt y (¡oh, sorprendente hallazgo que cambia el curso de la historia de la Humanidad!) que encontraran un recibo de pago de expensas hecho por el tal Vanderbroele; que -aclarémosle al lector- no es un delantero de la selección de Holanda.
La tapa de ayer de Clarín (un bochorno, pero que le hace una raya más al tigre) fue el trapo rojo puesto delante de los ojos del vice, y éste embistió, quizás sin medir las consecuencias.
Aclaremos un par de cosas: los hechos que son la base del caso (si es que alguna base tiene) datan de los lejanísimos 2009 y 2010, cuando lejos estábamos todos (nosotros, Clarín, él mismo) de imaginar que Boudou sería vicepresidente de la República.
Y hasta acá todo el enorme despliegue en torno al caso se reduce a que habría intercedido ante la AFIP para evitar que la ex Ciccone quebrara; porque aquí aparece una entre tantas curiosidades: ¿no es llamativo que -si es como dicen Clarín, Lanata et al- hay pruebas irrefutables de un vínculo de negocios entre Boudou y Ciccone no hayan aparecido pongámosle cinco o diez contratos de la empresa con el Estado, otorgados en condiciones fraudulentas o sospechosas, en las que la intervención de Boudou para volcar la decisión a favor de ésta haya sido decisiva?
¿No serían ésas pruebas más contundentes y decisivas de la colusión y el negociado?
Pero decíamos -haciendo historia- de cuándo databan los hechos hoy ventilados, y recordemos que por entonces muchos (hasta gente del kirchnerismo) pensaban que Cristina no terminaba su mandato, que asumía Cobos y que el kirchnerismo sería un mal recuerdo.
Después sabemos lo que pasó:, y lo que provocó; porque no hay que engañarse: el 54 % disparó muchas reacciones hacia adentro y hacia afuera del gobierno y del dispositivo político oficial, sobre todo hacia afuera.
Entonces un par de papeles guardados allá por el 2009 y 2010 (porque no tenían mucha miga, o porque se pensaba que el devenir de los acontecimientos haría innecesario usarlos) podían volver a ser útiles, aplicando el multimedios un combo de estrategias que en otros tiempos fueron eficaces.
Agitar un poco el fantasma de la corrupción del régimen por acá, como en el menemismo (esperando el momento propicio en el que el deterioro de la situación económica convierta a las clases medias de nuevo en implacables defensoras de la moral pública y la honestidad de los gobiernos); evocar a otro fantasma, el de la crisis institucional con un hecho de corrupción protagonizado desde las más altas esferas del Estado como en el caso de la Ley Banelco, los sobres del Senado y la renuncia de Chacho Alvarez, por allá; y a revolver el estofado.
Y ya que de fantasmas hablamos, nunca viene mal agregar a la mezcla el de Isabel: la pobre viuda sóla e incapaz, rodeada de un círculo de alcahuetes y recluida lejos de los problemas (aquélla en Ascochinga, éste en El Calafate comprando velas aromáticas, según nos cuenta la tapa de Clarín de hoy).
Los hechos (presuntos o reales, a los fines de la operación es irrelevante) derivados del vínculo (presunto o real) de Boudou con la ex Ciccone sucedieron (o no) allá lejos y hace tiempo, lo que ha variado es el contexto: el tipo ahora está en la línea de sucesión presidencial y provocar un hueco allí (si se forzara su renuncia) reacomodaría las piezas, o al menos eso especulan en las oficinas clarinescas.
Conjeturan que, si bien Cristina metió mano personalmente en toda la grilla de la línea sucesoria (de allí las nominaciones de la mujer de Alperovich y de Julián Domínguez como presidentes de ambas Cámaras), salido de escena Boudou (un recién llegado a la política, de la mano de la propia Cristina proyectado a la vicepresidencia), la cosa quedaría dentro del peronismo tradicional: los gobernadores del interior en un caso, el peronismo bonaerense en el otro.
Y allí (siguen especulando) impera la lealtad con el que gana, y todo están oteando la coyuntura: la evolución de la economía, el voluble humor social que pueden marcar las encuestas, la imposibilidad de reelección de Cristina.
Es decir generar condiciones para que -si se deciden a ir por todo- haya margen de maniobra.
Ese es el contexto del affaire Ciccone, que además no es casualmente contemporáneo de la discusión final (en la Corte, en la justicia, otro hecho que no es fruto del azar) por la vigencia de la ley de medios, por el contrario: ése hecho, leído en la misma clave del 54 % de Cristina, es el disparador de todo ésto.
Por eso repugnan las reacciones indignadas de las corporaciones judiciales cerrando filas en torno a Rafecas (cuya colusión con la estrategia de los medios hegemónicos en el caso es evidente).
¿O acaso se está diciendo algo novedoso si se constata que en el Poder Judicial hay causas que avanzan o duermen según la lectura que hacen los jueces del momento político?
Apelar a las credenciales personales de Rafecas y su trayectoria por ejemplo en las causas de derechos humanos es risible: ¿o acaso Gabriel Cavallo -uno de los jueces de la servilleta menemista- no resolvió la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad para terminar como abogado de Ernestina en la causa de la presunta apropiación de sus hijos?
El propio Lorenzetti tiene una trayectoria impecable en el terreno de los juicios por la verdad, pero está sentado hace más de un año sobre el expediente de la ley de medios, sin resolverlo. De paso: poco astuto estuvo Boudou al atacar ayer a Righi, que dictaminó en forma lapidaria en esa causa en contra de los intereses de Clarín.
La pregunta que hay que hacerse entonces en torno a los jueces -incluyendo a Rafecas- es cuál está en condiciones de superar la prueba ácida -como decía Cristina cuando envió la ley de medios al Congreso- de resolver algo en contra del poder económico.
Y no se trata de pedir desde acá impunidad para Boudou ni para nadie: por el contrario, cuando decíamos al principio que el affaire Ciccone está destinado desde el principio a discurrir por dos planos paralelos que nunca se junten, estamos reclamándole al juez seriedad: si Boudou no tiene nada que ver en el asunto (hasta aquí no está siquiera imputado) que lo diga y listo; sin temor a que las tapas de Clarín después sean en su contra.
De lo contrario, que haga su trabajo de juez en serio, no como productor de TN o del programa de Lanata: que consiga las pruebas de la culpabilidad del vice y resuelva en consecuencia.
Porque cuando repetimos el lugar común de que Néstor nos enseñó que se podía sobrevivir a cuatro tapas de Clarín en contra solemos olvidar que muchos no aprendieron la lección, y siguen operando con el viejo esquema; entre ellos -ocupando un lugar sobresaliente- los jueces.