LA FRASE

"POR AHORA NO ESTAMOS PIDIENDO AUTORIZACIÓN PARA QUE LA POLICÍA PUEDA USAR LA PICANA Y EL SUBMARINO, ANTES VAMOS A VER COMO FUNCIONAN LAS REFORMAS QUE PLANTEAMOS." (PABLO COCOCCIONI)

lunes, 25 de mayo de 2026

TAREA PENDIENTE

 

Hace uno años atrás y a propósito de otro 25 de mayo, decíamos nosotros: "Si algo nos recuerda el aniversario de la instalación de lo que conocimos desde la escuela como "el primer gobierno patrio" es que eso, tener una patria y tener un gobierno propio, es una construcción permanente, nunca terminada. Tanto que aquellos primeros patriotas no tenían siquiera en claro si estaban haciendo o no eso: una patria; o para que querían gobierno propio. Y se tardaron seis largos y tumultuosos años de marchas y contramarchas, para completar aquel primer gesto de libertad, con la declaración de la independencia en Tucumán. En el camino quedaron muchos de aquellos precursores, divididos a su vez entre los que deseaban profundizar el proceso, y los que eran partidarios de ser más prudentes, o lisa y llanamente dar marcha atrás con el camino emprendido.".

"Tanto la patria, la casa común, como el gobierno propio, como expresión política de la independencia, fueron siempre y desde el principio, un territorio de disputa; no solo por definir si los hacíamos o no, sino cuando, como, con quiénes, para qué. Y esa misma disputa llega hasta nosotros, cuando debajo de los discursos de circunstancia por la efemérides de la dirigencia política, empresarial, sindical o social se pueden reconstruir las diferentes visiones sobre lo que significan esa patria y ese gobierno propio, para cada uno. Salvo que uno elija quedarse en el lugar de la evocación, sin intentar darle un significado en clave actual a aquel 25 de mayo de 1810.".

"Hablar del día de la patria, o de tener un gobierno propio, nuestro, es hoy hablar de nuestra sumisión a los dictado del FMI y el mundo de las finanzas porque nos endeudamos con ellos; y si a partir de allí nuestras políticas económicas las decidimos nosotros, o son pensadas en otros lares, para garantizar intereses que no son los nuestros. Es discutir si somos o no capaces de administrar por nosotros mismos nuestros ríos y nuestros recursos naturales, si somos dueños o no de tener una política de desarrollo nuclear, de investigación científica o de despliegue de satélites, sin sujeción a tutelajes extranjeros. Definir incluso si nuestra política exterior la decidimos nosotros, o la deciden otros por nosotros, y lo único que hacemos es seguidismo de sus directivas.".

"Como en 1810, tener patria y gobierno propio supone resolver las condiciones de nuestra integración en América Latina, como parte esencial de nuestro propio destino y partícipes de la construcción del destino común del continente; o simplemente como "patio trasero" de la potencia hegemónica, manejado desde instancias neocoloniales como la OEA. Pero tener patria y tener gobierno -como empezamos a decir un día como hoy, hace tantos años- también tiene una significación hacia adentro, hacia nosotros mismos: si es con todos o solo un privilegio de algunos, si es con los argentinos al timón, decidiendo por ellos mismos su rumbo y su destino; o como simples apéndices de un mercado global que decide hasta lo que comemos, o el precio al que lo pagamos.".

Pocos años después, la lacerante realidad nacional le dio a nuestras reflexiones de entonces, plena vigencia, y hasta es posible que resulten insuficientes para describir el proceso. Podría decirse que, en tanto Milei fue electo por el pueblo y su fuerza política ratificada en las pasadas elecciones legislativas (aun en un contexto de altísimo ausentismo electoral), tenemos "gobierno propio", es decir decidido -para bien o para mal- por los argentinos, o al menos una parte importante de ellos.

Sin embargo, como ha sucedido antes, la formalidad del hecho democrático (cada vez más vaciado de contenido sustancial) no basta para afirmarlo: es preciso que esa legitimidad de origen se trasunte en una de ejercicio, por virtud de la cual el gobierno conduce los destinos del país en un sentido compatible con su status político de nación soberana, que decide por sí misma su propio rumbo.

Y nada más lejos de eso en la Argentina estragada por el experimento libertario, cuyo gobierno afirma explícita y groseramente a diario su vocación colonial, y su subordinación incondicional a los dictados políticos no solo de la potencia hegemónica en la región, sino hasta del Estado de Israel, respondiendo exclusivamente a las volubles y cambiantes convicciones personales del presidente, más que a los intereses nacionales.

Puertas adentro y así como la idea del "gobierno propio" está en crisis, también lo está la noción de patria como proyecto compartido y destino común; no solo porque este gobierno está dejando a futuro un legado de tierra arrasada para las frutas generaciones (entregando las riquezas y los recursos del país, tanto como el futuro y las perspectivas de progreso de la mayoría de sus habitantes), sino también porque ya desde sus orígenes -con la motosierra que presidía la campaña electoral de Milei- ha entronizado la crueldad explícita y justificada sobre los más débiles, como política de Estado.

Pasamos así de aquellos tiempos en los que se decía -desde la máxima representación institucional de este Estado- que la Patria era el otro, a estos en los que el otro es -según le plazca al que gobierna- un elemento descartable indigno de consideración alguna, cuyos derechos pueden ser sacrificados sin remordimientos en el altar del dogma monetarista.

Y esa idea (contraria, reiteramos, a la noción sustancial de patria en su elemento humano y social) goza -lamentablemente- de un consenso social mucho más amplio del que podría esperarse, atento a su naturaleza perversa y cruel. Negar esa realidad evidente que podemos constatar a diario, sería un acto de necedad. 

El vaciamiento de sentido de la democracia y con él, el de la idea de un gobierno propio, nuestro, que conduzca nuestros destinos hacia donde deseemos y no hacia donde nos impongan, no es más que la consecuencia de esa fractura expuesta en el cuerpo social. Y ambos arrastran en su degradación a la afirmación de la independencia nacional, que hoy como lo era en 1810 es la consecuencia necesaria de la decisión de empezar a gobernarnos por nosotros mismos.

De allí que todo ello (el gobierno propio, la independencia nacional, la construcción democrática) sigan siendo una tarea pendiente hoy, como lo eran un día como hoy, hace 126 años. Y como decíamos antes, si existen dudas de que el pueblo -como entonces- siga o no queriendo saber de que se trata, "Y si, sumergido como está en las preocupaciones de la existencia cotidiana, parece que no quiere, hay que hacer que quiera, y que sepa de qué se trata. O quizás y para ser más precisos, hay que agudizar el oído todo lo que haga falta para escucharlo, y obrar en consecuencia.".

domingo, 24 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

sábado, 23 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

viernes, 22 de mayo de 2026

LOCOS DE REMATE


Se ha dicho muchas veces (nosotros mismos lo hemos hecho aquí) que este gobierno no tiene un plan de gestión, sino uno de negocios: detrás del discurso de campaña de la lucha contra la casta y la motosierra se escondía el modelo real, que supone la mera administración del Estado y los bienes públicos en beneficio del capital privado, como si el país entero tuviese puesta una bandera de remate y venta al mejor postor (o a los amigos).

Desde el principio mismo de su gobierno y con el DNU 70/23 (que aun sobrevive por la anuencia de la Corte Suprema) primero, la fallida ley ómnibus después y finalmente la Ley 27742 de bases, con la pluma de los estudios jurídicos que asesoran a las grandes empresa y grupos económicos del país y del extranjero, se desplegó una ofensiva tendiente a liquidar el patrimonio público para pagar deuda o financiar la bicicleta financiera; con especial énfasis en el remate de las empresas del Estado sin importar si tienen o no pérdidas (recordemos que la intención original era privatizar hasta YPF, Aerolíneas y el Banco Nación); estableciendo todo tipo de cerrojos jurídicos para que un futuro gobierno no pudiera revertir el proceso de entrega.

Así la Ley 27742 de bases en su artículo 7° declaró sujetas a privatización a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en su anexo I, a saber: Energía Argentina S.A. (ENARSA), Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.. Recordemos que el listado fue depurado en el paso del proyecto de ley por el Congreso, porque hasta a la oposición "razonable" dadora voluntaria de gobernabilidad le pareció excesivo el original remitido con el mensaje del Poder Ejecutivo.

Salvo las dos primeras empresas mencionadas en el párrafo anterior, la ley contempla dos opciones: la privatización (venta y liquidación de la sociedad y sus activos) o la concesión a privados de los servicios u obras que presta, por un plazo determinado. En los artículos 8° y 9° de la misma ley se declaró también sujetas a privatización a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); en idénticas condiciones en ambos casos: organizar un programa de propiedad participada para los trabajadores colocando una clase de acciones para ese fin e incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Pero la ley dispuso que todas las privatizaciones se hicieran bajo los procedimientos establecidos en la Ley 23696 de reforma del Estado del menemismo, y los que la votaron parecieron obviar el detalle de que esa norma sufrió varias modificaciones en éste gobierno, mediante el DNU 70/23 en sus artículos 41 a 47; todas ellas dirigidas a facilitarles a los eventuales adquirentes de las empresas públicas el proceso de otorgarles participación accionaria a los trabajadores para cohonestar con eso la entrega, o a retacearles participación en las ganancias de las empresas.

El mismo DNU 70/23 que en sus artículos 36, 37 y 40 derogó el Decreto Ley 15.349/46 (Sociedades de Economía Mixta) y las Leyes 13653 (Empresas del Estado) y 20705 (Sociedades del Estado), normas todas ellas dictadas durante los gobiernos del primr y segundo peronismo. El propósito es muy sencillo: no solo que el Estado se desprenda de sus empresas a cualquier precio, sino que nunca vuelva a tener empresas en el futuro. En forma consistente, el mismo DNU dispuso en su artículo 48 que  las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Y por su artículo 50 estableció que las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga; mientras que por el artículo 52 estableció que la Ley N° 24.156 (de Administración Financiera) y demás normativa de control del sector público solo será aplicable cuando, en las Sociedades Anónimas producto de la transformación, el Estado posea participación accionaria mayoritaria. 

Es decir que el mismo gobierno que a través del RIGI y sus ampliaciones posteriores les concede a los inversores privados extranjeros todo tipo de privilegios y ventajas se las niega al Estado, y se desentiende por completo de controlar aquellas sociedades en las que éste pueda conservar participación accionaria minoritaria o no controlante, aun después del proceso de privatizaciones.

En su afán por rematarlo todo y hacerse de un puñado de dólares para pagar la deuda, el gobierno de Milei vendió las represas del Comahue (que no estaban en el listado de activos a privatizar o concesionar de la ley bases), IMPSA (en idénticas condiciones), las acciones que el Estado tenía en Transener (la transportadora de energía más importante del país) a través de Citelec (cuya privatización tampoco autorizaba la ley de bases) y sacó a la venta el 90 % del paquete accionario de AYSSA por un valor que no llega al 10 % del de sus activos; en lugar de licitar la concesión de la explotación de sus servicios por un plazo determinado, concesión que podría revocarse por incumplimiento como lo hizo en su momento Néstor Kirchner con la otorgada durante el menemismo.  

A esto hay que sumarle las advertencias/amenazas del canciller Quirno y del privatizador  Chaher sobre la irreversibilidad a futuro de éstas decisiones gravosas para el país y el patrimonio público, y el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que se debate en el Congreso; y que como explicábamos en ésta entrada, tiende a limitar las facultades del Estado para expropiar bienes, facultad que surge de la misma Constitución Nacional. Esta misma semana desde el PRO volvieron con la cantinela de la "independencia del Banco Central" para tratar de que los directores hoy designados por Milei en comisión (como Santiago Bausili) obtengan acuerdo del Senado, para que un futuro gobierno no los pueda remover, poniendo como ejemplo el caso peruano: 8 presidentes en 10 años, y siempre el mismo funcionario a cargo del Banco Central.

Claro que nada de todo esto hubiera sido posible sin las complicidades de buena parte de la oposición en el Congreso, y de la justicia en general y la Corte Suprema en particular, que mantiene vivo hace más de dos años al groseramente inconstitucional DNU 70/23, o no se expide sobre los aspectos más controversiales de la ley bases (como la reforma laboral que ya contenía), que significó concederle a Milei facultades extraordinarias, también en violación a la Constitución.

Un contexto en el que resulta inaceptable no ya el silencio de buena parte de la dirigencia del peronismo respecto a estos temas, o la falta de advertencias a futuro sobre el desconocimiento y anulación de todos los negociados en curso (cuando se tiene a la mano el fallo de la justicia yanqui en el caso del fondo Burdford Capital por YPF que ratifica lo obvio: la preeminencia del interés público y las prerrogativas del Estado como responsable de su gestión) y la derogación inmediata de toda la legislación entreguista de éste gobierno, sino que algunos de esos dirigentes estén blandiendo un discurso "amigable" con el capital y los inversores, prometiendo garantizar la seguridad jurídica o respetar algunas políticas de éste gobierno, como el RIGI; o sostener a rajatabla el equilibrio fiscal en un país en el que la mayoría de sus habitantes fueron quedando huérfanos de toda protección estatal por las consecuencias de la motosierra del ajuste. 

¿Será por eso tal vez que tampoco se animan a pedir con todas las letras la libertad de Cristina? Bueno sería en tal caso que nos vayan advirtiendo que las próximas elecciones son el pedo porque no van a cambiar nada, pero sin sorprenderse después porque sigan creciendo los ya elevados índices de ausentismo electoral. Tuits relacionados: 

jueves, 21 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

miércoles, 20 de mayo de 2026

LECTURA RECOMENDADA

 

"Al pueblo argentino se le quiere imponer un modelo económico intolerable que lleva a un cuadro de profundo subdesarrollo y amplia pobreza extendida. Se están tratando de construir las trabas políticas, jurídicas, diplomáticas, locales e internacionales, para que nada del modelo de subdesarrollo extremo que están implantando ante nuestros ojos pueda ser revertido por ningún gobierno posterior. Se pretende que no puedan existir alternativas reales a los Milei-Bullrich-Macri y todo el ejército de políticos serviciales al capital rentístico que vienen detrás de ellos.".

"En un almuerzo convocado esta semana por el CICyP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción) —ante cientos de dueños, CEOs y dirigentes de grandes empresas—, el canciller Pablo Quirno afirmó: “A medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente (SIC) que, a futuro, trate de poner control de capitales en la Argentina, no va a poder porque va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar, de alguna manera, encorsetados; las herramientas que utilizaron el pasado en contra de los argentinos (SIC) no van a poder ser utilizadas.".

"Quirno llama delincuentes a quienes quieran proteger el patrimonio nacional, o al menos establecer algún tipo de negociación con las grandes empresas para que la extracción de minerales, hidrocarburos y otros productos de la naturaleza no constituya un exclusivo beneficio para las corporaciones. Lo dice en un momento en el que el gobierno está acelerando el impulso privatizador con AySA, con la CONEA y otros organismos que quiere vender con el propósito de conseguir dólares para dos objetivos: 1) ir emparchando vencimientos de deuda externa, mediante la venta a precio vil de empresas nacionales y 2) lo más importante y estructural, destrozar las capacidades soberanas de la Argentina para controlar sus recursos y definir su propio perfil productivo.".

"Vale la pena reiterar lo dicho por Diego Chaher, ex funcionario macrista y hoy funcionario mileísta, en la misma línea que Quirno: “Buscamos que, si alguien intenta reestatizar AySA, le resulte carísimo al país y enfrente sanciones internacionales”. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apunta exactamente en la misma dirección, y está actualmente en tratamiento parlamentario. Otro cerrojo contra la soberanía nacional.".

"Es clarísima la decisión política del gobierno y de sus mandantes, de que las medidas antinacionales que se tomen ahora no puedan ser revertidas por gobiernos futuros. Para eso están tratando de crear un entramado legal-jurídico que impida que algún gobierno democrático revierta la cesión de soberanía y el despojo que está haciendo el gobierno. La ultraderecha que gobierna, en representación de capitales concentrados locales e internacionales, pretende que un gobierno circunstancial, que en numerosos temas no refleja la opinión de la mayoría de la población —ni siquiera la de muchos de sus votantes—, genere hechos consumados inmodificables para jibarizar a la economía y la sociedad argentina.".

Dirigentes que quieren garantizar. Juan Manuel Olmos, dirigente peronista de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo en un reportaje en el sitio Cenital: “Cuando ganamos (los peronistas), los activos se van a pique y cuando perdemos, rebotan hasta la estratósfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. En cuestiones económicas. En cuestiones de 'brecha', 'cepo', de tipo de cambio, de riesgo país, de déficit”. Más adelante en el diálogo, reivindicó la gestión de Néstor Kirchner, en la cual se mantuvieron durante un tiempo el superávit fiscal y el superávit externo. Criticó el actual superávit fiscal “vicioso”, logrado a costa de recortes en áreas fundamentales. Dijo Olmos: “Hay que primero ordenar lo que está desordenado y el peronismo tiene que ser también sinónimo de ese orden. Nosotros no trabajamos para los mercados. Ahora, ¿ignorarlos? (…). Nosotros no somos los que le damos garantías a los mercados, pero sí tenemos que dar garantías de estabilidad. Porque la gente también sufre cuando no hay estabilidad”.".

"Olmos expresa a una importante cantidad de dirigentes del “campo nacional y popular” que no pueden salir de una trampa discursiva conservadora, y no pueden apartarse de la fenomenal hegemonía que un sector de negocios completamente fracasado ejerce sobre ellos. Por empezar, el famoso tema de la “confianza”. ¿Quién es el que debe otorgar la confianza a un gobierno popular? Supongamos que no es el pueblo, sino los grandes empresarios. ¿Pero qué empresarios? Sí, son los mismos empresarios a los que les da mucha confianza el gobierno de Milei, los que lo alientan y sostienen, y que también le tuvieron “confianza” a los otros experimentos económicos fracasados que protagonizó la derecha argentina.".

"Algunos políticos nac and pop parecen no entender que la “confianza” que pretenden lograr de los sectores dominantes argentinos no tiene que ver con la solidez económica, con la consistencia de las variables, con el equilibrio fiscal y externo, sino con intereses de negocios concretos. Nunca esos intereses se opusieron al endeudamiento externo, a la evasión impositiva, a que al Estado lo roben por todos lados los contratistas del Estado, o que no se puedan controlar los recursos que entran y salen por las fronteras del país.".

"Esos dirigentes deberían pasar por algunos cursos de historia económica reciente, porque parecen creer la versión de la historia fraguada por los ideólogos liberales sobre los males económicos peronistas y sobre la supuesta seriedad y responsabilidad económica de los ortodoxos. Nuestra historia es muchísimo más compleja, pero lo que es seguro es que los Martínez de Hoz, Cavallo, Broda, De Pablo, Sturzenegger, no están en condiciones de erigirse en jueces de ninguna recta política económica.".

"Por supuesto que eso no exime a un gobierno popular de respetar ciertas leyes de la economía, que es distinto de respetar a los grandes intereses económicos, cuyo horizonte no es la coherencia, no son los equilibrios, sino los grandes negocios a como dé lugar. A esta altura del desastre mileísta, la dirigencia que se pretenda ofrecer como reemplazo a esta gestión debería haberle perdido todo respeto intelectual a los poderes que alientan estos experimentos antipopulares —que siempre vienen con toda la parafernalia de los equilibrios, la moneda sana, la confianza, etc.— si es que no quieren quedar atrapados en el miedo y la impotencia en la futura gestión pública. La dependencia intelectual y psicológica frente al poder económico, o el miedo a este, puede llevar a la inexistencia de una opción realmente alternativa.".

(Completo acá.)

martes, 19 de mayo de 2026

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