Esta semana se abrió con una fuga de cuatro presos de la Comisaría Primera de José C. Paz. La fuga habría ocurrido cuando los detenidos cortaron los barrotes de sus celdas y escaparon del lugar. Uno de ello, Ángel Fernando Marabotto Duarte (23) de José C. Paz terminó abatido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de intentar ser identificado por fuerzas policiales. Estaba detenido por “portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento” (Ver nota) se le había secuestrado una pistola 9 milímetros, un chaleco antibalas y un “Kit Roni” .
El miércoles Eliseo Ruiz Díaz se fugo de la Comisaría Primera de Cañuelas. Según la Agencia TELAM “Si bien la fuga se constató ayer, no se sabe con certeza cuándo se produjo y podría haber ocurrido cinco días atrás”. El fugado “estaba detenido en una causa por abuso de arma y portación ilegítima de arma de uso civil”. Para poder escapar el detenido debió sortear dos puertas con candado por lo cual se sospecha de ayuda interna o externa.
Hoy siete presos de la comisaría 3ra de Escobar se fugaron, los detenidos cortaron los candados del calabozo donde estaban alojados, pasaron por la sala de guardia sin ser observados por los policías de turno y huyeron. Si bien lograron detener a tres, todavía cuatro siguen prófugos, entre ellos Emanuel Ángel Romero, detenido por tenencia ilegal de arma desde el 5 de septiembre 2020; Franco Gastón Chatzakis, apresado el 30 de agosto por la tentativa de homicidio de un policía en Zárate; Juan Manuel Rodríguez, detenido el 27 de agosto por robo agravado por uso de arma, y Sergio Neri Roldán Pereyra, preso desde el 17 de septiembre por robo agravado por el uso de arma. Entre ellos, Juan Manuel Rodríguez ya se había escapado de la seccional de Ingeniero Maschwitz del mismo distrito, un detalle muy sugestivo.
Los tres echos ocurrieron esta semana en la provincia de Buenos Aires, con 12 presos fugados en extrañas circunstancias, rompiendo barrotes, quitando candados e incluso pasando por la sala de guardia “sin ser detectados” por el personal policial. El viernes 25 de este mes se confirmó que el comisario general Daniel García fue reemplazado por comisario mayor Julio Poles en la jefatura de la policía bonaerense. El gobierno de la Provincia dio por terminada la gestión del anterior jefe de policía al haberse roto la cadena de mandos dentro de la fuerza.
¿Casualidad, hacinamiento o causalidad?
Desde el gobierno provincial y luego de la actitud sediciosa de un grupo de policías, que utilizando patrulleros, sus uniformes y armas cercaron la Quinta Presidencial de Olivos, anunciaron sanciones para los policías que hayan violado la ley. Todo esto a pesar de que antes del movimiento policial se había anunciado un programa de trabajo con la fuerza.
La actitud del grupo activista ceso con un importante aumento salarial, la creación de una Universidad y hasta dos hospitales dedicados para la fuerza policial. Pero Axel Kicillof fue muy claro en la demanda hacia la policía bonaerense “A misma remuneración habrá las mismas exigencias y obligaciones. Vamos a dar pero vamos a pedir también, vamos a ser muy exigentes”.
El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que habrá sanciones para aquellos efectivos de la Policía Bonaerense que hayan “incumplido sus funciones” durante la protesta, pero aclaró que “el castigo lo aplica la ley, que la ejecutan los fiscales. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la legalidad”.
La gestión de la fuerza policial de María Eugenia Vidal dejo 2390 oficiales exonerados, 2200 fueron suspendidos y cerca de 1100 fueron sobreseídos, de un total de 35000 sumarios abiertos. De estos la Gestión Kicillof reincorporó 300 policías bonaerenses y estaban en revisión otros tantos de los sumariados. Algunos de los movilizados pertenecen a este “colectivo” de policías sumariados o expulsados de la fuerza.
La herencia macrista dejó a los sueldos policiales bonaerenses por el piso, de 1329 dólares que cobraban durante el gobierno kirchnerista pasaron a 718 dólares en el fin del mandato de la gobernadora, el reclamo en este sentido era legítimo, aunque había otros condimentos políticos que no lo eran.
Según el periodista Juan José Salinas del portal Pájaro Rojo “algunos de los cabecillas del motín reportan a la apestada ex ministra Patricia Bullrich, y que uno de sus objetivos más claros era, precisamente, remover a Berni, quien habría cortado de cuajo pingües negocios ilícitos de la cúpula policial.
Por otra parte también destaca que “junto con los ingresos que a pandemia cortó (prostitución, custodia de conciertos, boliches, partidos de fútbol, juego y hasta de drástica disminución de los boliches donde era posible obtner vituallas) y el ceso de las migajas que se desraban sobre las bases de la repartición de aquellos negocios ilícitos, habían dejado a la mayoría de los «patas negras» en la miseria más abyecta” afirma en la nota.
La frase “Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay” se aplica a este estado de situación. Los policías de la bonaerense que cometieron delitos deben ser sumariados, de eso no cabe duda, los sucesos vividos en esos días dejaron muchas cicatrices y sería un grave error pasar por alto lo ocurrido. La justicia deberá resolver la situación de los insurrectos para bien de la democracia, investigar si existió algún plan desestabilizador y sancionar disciplinariamente a los que corresponda.