Que un partido imprima por su cuenta formularios idénticos a los oficiales para tramitar el voto por correo no parece muy normal, por mucho que el PP se empeñe en presentarlo como algo banal e incluso habitual. El asunto ha sido suscitado por la investigación judicial abierta en Melilla al descubrirse en una imprenta de la ciudad un millar de esos impresos, encargados por el PP local. La utilización fraudulenta o al menos irregular del voto por correo por parte de algunos partidos cuenta con antecedentes (en Galicia, Madrid o Formentera, entre otros lugares) que invitan a desconfiar de los confusos argumentos empleados por el PP melillense, con el aval del secretario general, Ángel Acebes, para justificar una iniciativa tan sospechosa.
Dice Acebes que la prueba de que se trata de una práctica "normal y habitual" es que el formulario puede bajarse de Internet. No es cierto. Es un impreso autocopiativo, con dos hojas de distinto color y consistencia, lo que obviamente no puede producirse sin la intervención de una imprenta. Si fuera como dice el ex ministro del Interior, sus correligionarios de Melilla no habrían tenido que hacer el encargo a una imprenta.
¿Tan difícil es reconocer eso? En lugar de hacerlo y pedir excusas, o anunciar una investigación sobre la persona que encargó el trabajo, Acebes ha optado por la huida hacia adelante: es una "campaña orquestada contra el PP", ha dicho, dando oportunidad al presidente y candidato popular, Imbroda, para ir un paso más allá y dictaminar la existencia de un auténtico "golpe de Estado mediático" contra su partido. Si realmente es una práctica habitual que el PP encargue ese tipo de trabajos, como estuvo a punto de hacer, según propia confesión, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, estamos entonces ante un asunto mucho más grave, merecedor de una investigación más general.
La Ley Electoral establece que la solicitud de certificación de inscripción en el censo con vistas al voto por correo deberá formularse personalmente en las oficinas de Correos. En ningún lado está previsto que sean los partidos quienes faciliten tales formularios, y mucho menos que los impriman por su cuenta. En una nota informativa reciente del PP sobre el procedimiento para el voto por correo se dice que lo primero que hay que hacer es solicitar el impreso personalmente y con el DNI en una oficina de Correos.
Hay, como mínimo, una vulneración del procedimiento. A los jueces corresponde investigar el objetivo de esa vulneración. Los intentos de fraude más conocidos tuvieron que ver con el incumplimiento doloso de los requisitos establecidos en el caso de personas impedidas para realizar personalmente la solicitud en Correos: certificación médica y notarial y comprobación por la Junta Electoral. El artículo 141 de la Ley Electoral, modificado en 1992, establece pena de arresto y multa para "el particular que dolosamente vulnere los trámites establecidos para el voto por correo". De momento, la Junta Electoral de Melilla ha trasladado el asunto al juzgado correspondiente, y el PSOE -contra el arriesgado pronóstico del diputado popular Pujalte- se ha personado en la causa.
Dice Acebes que la prueba de que se trata de una práctica "normal y habitual" es que el formulario puede bajarse de Internet. No es cierto. Es un impreso autocopiativo, con dos hojas de distinto color y consistencia, lo que obviamente no puede producirse sin la intervención de una imprenta. Si fuera como dice el ex ministro del Interior, sus correligionarios de Melilla no habrían tenido que hacer el encargo a una imprenta.
¿Tan difícil es reconocer eso? En lugar de hacerlo y pedir excusas, o anunciar una investigación sobre la persona que encargó el trabajo, Acebes ha optado por la huida hacia adelante: es una "campaña orquestada contra el PP", ha dicho, dando oportunidad al presidente y candidato popular, Imbroda, para ir un paso más allá y dictaminar la existencia de un auténtico "golpe de Estado mediático" contra su partido. Si realmente es una práctica habitual que el PP encargue ese tipo de trabajos, como estuvo a punto de hacer, según propia confesión, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, estamos entonces ante un asunto mucho más grave, merecedor de una investigación más general.
La Ley Electoral establece que la solicitud de certificación de inscripción en el censo con vistas al voto por correo deberá formularse personalmente en las oficinas de Correos. En ningún lado está previsto que sean los partidos quienes faciliten tales formularios, y mucho menos que los impriman por su cuenta. En una nota informativa reciente del PP sobre el procedimiento para el voto por correo se dice que lo primero que hay que hacer es solicitar el impreso personalmente y con el DNI en una oficina de Correos.
Hay, como mínimo, una vulneración del procedimiento. A los jueces corresponde investigar el objetivo de esa vulneración. Los intentos de fraude más conocidos tuvieron que ver con el incumplimiento doloso de los requisitos establecidos en el caso de personas impedidas para realizar personalmente la solicitud en Correos: certificación médica y notarial y comprobación por la Junta Electoral. El artículo 141 de la Ley Electoral, modificado en 1992, establece pena de arresto y multa para "el particular que dolosamente vulnere los trámites establecidos para el voto por correo". De momento, la Junta Electoral de Melilla ha trasladado el asunto al juzgado correspondiente, y el PSOE -contra el arriesgado pronóstico del diputado popular Pujalte- se ha personado en la causa.
elpais.com